Artículos y reportajes

La llegada de la inteligencia artificial, así como su implementación real, se ha dejado notar en prácticamente todos los ámbitos del día a día. Las administraciones públicas tampoco se han quedado atrás en el uso de esta herramienta, por lo que cada vez está más presente en la gestión municipal. Desde la automatización de trámites administrativos hasta la optimización de rutas de recogida de residuos o la gestión inteligente del tráfico, cada vez más ayuntamientos están incorporando progresivamente soluciones basadas en datos y algoritmos para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y responder a las crecientes demandas urbanas.

Sin embargo, esta adopción acelerada convive con importantes desafíos. La IA no solo permite reducir costes o agilizar procesos, sino que también introduce riesgos jurídicos, éticos y operativos si no se utiliza con las debidas garantías. En el ámbito local, por ejemplo, donde las decisiones impactan directamente en los ciudadanos -desde sanciones hasta servicios sociales o gestión del espacio público-, el uso de algoritmos exige un marco claro que garantice la transparencia, la equidad y la protección de derechos.

 

Cada vez más ayuntamientos están incorporando soluciones basadas en datos y algoritmos para mejorar la eficiencia de los servicios públicos

 

En este contexto, llega el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), llamado a marcar un punto de inflexión. La normativa, ya en vigor y plenamente aplicable a partir de agosto de 2026, establece un marco común para todos los Estados miembros basado en la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo, imponiendo obligaciones específicas para garantizar su seguridad, fiabilidad y alineación con los derechos fundamentales. Este nuevo escenario sitúa a los ayuntamientos -considerados “desplegadores” de estos sistemas- ante la necesidad de adaptar sus estructuras, procesos y capacidades para integrar la inteligencia artificial de forma responsable.

 

---

La inteligencia artificial en los servicios municipales

La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito municipal ha superado la fase piloto y avanza hacia su integración en la operativa diaria de los servicios urbanos. Según la Comisión Europea, el uso de tecnologías basadas en datos en las ciudades puede mejorar la eficiencia de los servicios públicos hasta en un 20-30%, especialmente en ámbitos como movilidad, energía o residuos.

• Gestión de residuos y limpieza viaria

La IA está impulsando modelos de recogida inteligente basados en datos en tiempo real. La sensorización de contenedores y el uso de algoritmos permiten ajustar las rutas en función del nivel de llenado o de patrones históricos.

1. Optimización de rutas y reducción de desplazamientos innecesarios
2. Mejora en la planificación de los servicios de limpieza
3. Desarrollo de modelos predictivos para anticipar incidencias

• Movilidad urbana

La gestión del tráfico es uno de los ámbitos más avanzados en el uso de inteligencia artificial en las ciudades.

1. Sistemas de regulación semafórica adaptativa en función de la demanda
2. Análisis de flujos de movilidad en tiempo real
3. Apoyo a la planificación de infraestructuras y servicios de transporte

• Gestión del agua

En el ciclo del agua, la IA se está consolidando como una herramienta clave para mejorar la eficiencia y la resiliencia de los sistemas.

1. Detección temprana de fugas en redes de abastecimiento
2. Optimización del funcionamiento de estaciones depuradoras
3. Anticipación de episodios de lluvias intensas y gestión de inundaciones

• Servicios administrativos

La inteligencia artificial también está transformando la relación entre administración y ciudadanía.

1. Implantación de asistentes virtuales para atención al ciudadano
2. Automatización de procesos administrativos
3. Mejora en los tiempos de tramitación y acceso a los servicios

---

 

El AI Act: un nuevo marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial en los ayuntamientos

Como comentábamos anteriormente, la creciente incorporación de la inteligencia artificial en los servicios públicos ha impulsado a la Unión Europea a establecer un marco normativo común que garantice un uso seguro, transparente y alineado con los derechos fundamentales. Nace así el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), ya aprobado y con aplicación plena prevista para agosto de 2026. El AI Act constituye la primera regulación integral sobre IA a nivel global y afecta de forma directa a las administraciones públicas, incluidas las entidades locales.

Uno de los elementos centrales de este reglamento es su enfoque basado en el nivel de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial. La normativa distingue entre sistemas de riesgo inaceptable (prohibidos), alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. En el ámbito municipal, muchas de las aplicaciones actuales o futuras pueden encuadrarse en la categoría de alto riesgo, especialmente aquellas que influyen en la toma de decisiones administrativas, la gestión de servicios esenciales o el tratamiento de datos personales sensibles. Esto incluye, por ejemplo, sistemas de videovigilancia avanzada, algoritmos aplicados a procesos sancionadores o herramientas que condicionan el acceso a determinados servicios públicos.

 

Algunas aplicaciones municipales pueden encuadrarse en la categoría de alto riesgo, especialmente aquellas que influyen en decisiones administrativas o derechos de los ciudadanos

 

Los ayuntamientos, considerados por el reglamento como “desplegadores” de sistemas de IA, deben asumir una responsabilidad directa sobre su uso. A diferencia de los desarrolladores, que diseñan la tecnología, los desplegadores deben garantizar que los sistemas se utilizan de forma adecuada, conforme a su finalidad y respetando las obligaciones establecidas por la normativa. Esto supone un cambio relevante para las administraciones locales, que deberán reforzar su capacidad de supervisión, comprender el funcionamiento de las herramientas que emplean y asegurar que pueden explicar y justificar las decisiones adoptadas con apoyo de sistemas automatizados.

El AI Act introduce además exigencias concretas en materia de transparencia, trazabilidad y supervisión humana. Las administraciones deberán informar a la ciudadanía cuando interactúan con sistemas de IA o cuando estos influyen en procesos administrativos, garantizar que los algoritmos pueden ser auditados y mantener siempre un control humano efectivo sobre las decisiones. A ello se suman obligaciones relacionadas con la calidad de los datos utilizados, que deben ser representativos y no discriminatorios, y con la documentación técnica de los sistemas, aspectos especialmente relevantes en ámbitos como la gestión de residuos, la movilidad o la planificación urbana.

Otro de los impactos más significativos del reglamento se producirá en el ámbito de la contratación pública tecnológica. Dado que la mayoría de los ayuntamientos no desarrollan sus propios sistemas de IA, sino que los adquieren a proveedores externos, será necesario adaptar los pliegos y procesos de contratación para exigir el cumplimiento de los requisitos del AI Act. Esto implicará una mayor carga de documentación, la necesidad de verificar garantías técnicas y jurídicas, y una relación más exigente con los proveedores en términos de transparencia, mantenimiento y acceso a la información sobre el funcionamiento de los sistemas.

El AI Act no solo introduce nuevas obligaciones legales, sino que impulsa un cambio de enfoque en la forma en que las administraciones públicas integran la tecnología. Más allá del cumplimiento normativo, el reto para los ayuntamientos será avanzar hacia modelos de gobernanza de la inteligencia artificial que les permitan aprovechar su potencial sin comprometer la confianza ciudadana ni la calidad del servicio público.

 

 

---

7 claves para entender la nueva normativa

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial redefine el uso de estas tecnologías en el ámbito público. Estas son las principales implicaciones para las administraciones locales:

1. Un marco basado en el riesgo

El AI Act clasifica los sistemas según su impacto. Muchas aplicaciones municipales, como sanciones, vigilancia o gestión de servicios, pueden considerarse de alto riesgo.

2. El ayuntamiento, responsable del uso

Las entidades locales son consideradas “desplegadoras”, por lo que deben garantizar que la IA se utiliza correctamente y conforme a la normativa.

3. Más transparencia hacia la ciudadanía

Será obligatorio informar cuando se utilicen sistemas de IA, especialmente en procesos que afecten a derechos o decisiones administrativas.

4. Supervisión humana obligatoria

Las decisiones no pueden quedar totalmente automatizadas. Debe existir control humano y posibilidad de revisión.

5. Datos de calidad y sin sesgos

Los sistemas deberán basarse en datos fiables. Se exige evitar discriminaciones y garantizar representatividad.

6. Sistemas trazables y explicables

Los algoritmos deberán poder auditarse. De este modo, las administraciones tendrán que explicar cómo se toman las decisiones.

7. Impacto directo en la contratación pública

Los ayuntamientos deberán adaptar sus pliegos. Se exigirá a los proveedores cumplir con los requisitos del AI Act.

---

 

El verdadero reto de la IA en el ámbito local

Más allá de la tecnología y del marco normativo, la implantación efectiva de la inteligencia artificial en la administración local depende en gran medida de un factor clave: la capacidad interna de los propios ayuntamientos. La aplicación del AI Act no solo exige cumplir requisitos técnicos o legales, sino que obliga a las entidades locales a repensar su organización, sus perfiles profesionales y sus modelos de toma de decisiones.

Uno de los principales desafíos es la disponibilidad de talento especializado. La gestión de sistemas de inteligencia artificial requiere perfiles capaces de interpretar modelos, evaluar riesgos, supervisar algoritmos y garantizar la calidad de los datos. Sin embargo, muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, carecen de estos recursos, lo que limita su capacidad para desplegar, supervisar o auditar soluciones tecnológicas complejas. Esta realidad pone de manifiesto una brecha creciente entre grandes áreas metropolitanas, con mayor músculo técnico, y administraciones locales con estructuras más limitadas.

A ello se suma la necesidad de avanzar hacia una gobernanza del dato más madura y estructurada. La IA se alimenta de datos, y su fiabilidad depende directamente de la calidad, interoperabilidad y trazabilidad de la información disponible. En este sentido, resulta imprescindible que los ayuntamientos desarrollen políticas claras de gestión del dato, establezcan estándares comunes entre departamentos y refuercen mecanismos de control que permitan garantizar la integridad y el uso adecuado de la información.

Otro aspecto crítico es la adaptación de los procesos internos. La incorporación de la IA no puede abordarse únicamente como una capa tecnológica añadida, sino que implica revisar procedimientos, redefinir responsabilidades y asegurar que existe una supervisión humana efectiva en las decisiones automatizadas. Esto requiere integrar la inteligencia artificial en la lógica de funcionamiento de la administración, evitando soluciones aisladas o desconectadas de la operativa real de los servicios.

Con todo ello, cobra especial relevancia el papel de las estructuras supramunicipales y los espacios de colaboración. Entidades como áreas metropolitanas, diputaciones o redes de ciudades pueden actuar como facilitadores, compartiendo conocimiento, impulsando estándares comunes y generando economías de escala que permitan a los municipios acceder a capacidades técnicas que, de forma individual, serían difíciles de asumir. Este enfoque colaborativo se perfila como una de las claves para reducir la brecha existente y avanzar hacia una implantación más homogénea de la inteligencia artificial en el territorio.

 

Muchos municipios carecen de recursos para desplegar, supervisar o auditar soluciones de inteligencia artificial, lo que evidencia una brecha creciente en capacidades técnicas

 

Seguridad, resiliencia y confianza: la condición para una IA útil en la ciudad

A medida que la inteligencia artificial se integra en la operativa urbana, los algoritmos no funcionan de forma aislada: se apoyan en redes de sensores, plataformas de datos, sistemas de gestión, dispositivos IoT y entornos cloud que amplían la superficie de exposición. Desde la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, llevan tiempo advirtiendo de que, en las smart cities, la automatización y la integración de datos multiplican las interdependencias entre operadores y sistemas, especialmente en ámbitos como el transporte público, la energía o la seguridad urbana. Así, un fallo, una mala configuración o un incidente de ciberseguridad pueden tener un impacto directo no solo sobre la información, sino también sobre la continuidad del servicio.

No obstante, el riesgo no es teórico. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informó de que en 2025 gestionó más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, y que 3.849 de ellos tuvieron como consecuencia accesos no autorizados o sustracción de datos digitales y confidenciales. Aunque esa cifra no se circunscribe al ámbito local, sí ilustra un panorama en el que las administraciones no pueden abordar la adopción de la IA solo desde la óptica de la innovación o la eficiencia. Cuando estas herramientas se utilizan en entornos sensibles -movilidad, videovigilancia, ciclo del agua, alumbrado, gestión energética o atención ciudadana-, la protección del dato, la integridad de los sistemas y la capacidad de respuesta ante incidentes pasan a ser parte del propio diseño del servicio público.

En paralelo, la confianza ciudadana se consolida como un factor decisivo. La propia Comisión Europea subraya que el AI Act introduce obligaciones específicas de transparencia para que las personas sepan cuándo están interactuando con un sistema de IA y puedan tomar decisiones informadas, una lógica especialmente relevante en los servicios públicos. En la misma línea, la OCDE viene señalando que el uso de inteligencia artificial en el sector público puede mejorar la productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas, pero solo si se acompaña de salvaguardas adecuadas. El reto para los ayuntamientos no es, por tanto, incorporar IA sin más, sino hacerlo de forma que refuerce la legitimidad de la administración y no erosione la percepción de imparcialidad, control y seguridad en la prestación de los servicios.

Este enfoque empieza a consolidarse también en el ámbito municipal español. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por ejemplo, ha incorporado el uso de la inteligencia artificial en su agenda de trabajo, poniendo el foco no solo en su potencial para mejorar la eficiencia o la transparencia, sino también en la necesidad de acompañar su despliegue con formación, criterios claros de uso y un marco ético definido. En la práctica, esto supone asumir que la implantación de la IA en los ayuntamientos no es únicamente una cuestión tecnológica. En el ámbito local, donde la prestación de servicios es directa y cotidiana, la percepción ciudadana juega un papel clave. La adopción de estas herramientas debe ir acompañada de garantías que eviten que los procesos se vuelvan opacos o difíciles de entender para el ciudadano.

 

La protección del dato, la integridad de los sistemas y la capacidad de respuesta ante incidentes pasan a ser parte del propio diseño del servicio público

 

El reto, por tanto, no está solo en mejorar la capacidad de los sistemas, sino en asegurar que su integración en los servicios públicos refuerza la confianza. Factores como la seguridad, la explicabilidad de los algoritmos y la fiabilidad de los resultados son ahora elementos determinantes para consolidar el uso de la inteligencia artificial en la gestión municipal.

En este contexto, las administraciones metropolitanas ya están trabajando en la adaptación a este nuevo marco. Es el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuya visión aborda estos retos desde una perspectiva operativa y estratégica.

---

 

“La administración local debe actuar como garante de que la IA se utilice de forma ética, segura y sin sesgos”

Entrevista a Oriol Illa, Director del Área de Internacional y Metrópolis Digital del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 

 

 

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) será plenamente aplicable en agosto de 2026. Desde la perspectiva de las administraciones locales, ¿qué supone esta normativa y por qué es importante que los ayuntamientos empiecen a prepararse desde ahora?

El AI Act obliga a la administración local a revisar y controlar cómo diseña, compra y utiliza sistemas de IA, ya que introduce requisitos para los usos de alto riesgo, refuerza la transparencia y la supervisión humana, y prohíbe prácticas que puedan vulnerar derechos.

Para las administraciones locales esto implica adaptar nuestros procesos internos, exigir garantías a los proveedores, formar y capacitar al personal y, por último, crear una gobernanza sólida de la IA, en el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

 

“El AI Act obliga a la administración local a revisar y controlar cómo diseña, compra y utiliza sistemas de IA”

 

Esta normativa introduce un enfoque regulatorio basado en niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones municipales podrían considerarse de alto riesgo y qué implicaciones tendría esto para los gobiernos locales?

El AI Act considera de alto riesgo determinados usos de aplicaciones que pueden usarse en el ámbito local, como los sistemas de selección de personal, la videovigilancia avanzada, los modelos predictivos en materia de transporte público y los asistentes automatizados que orientan decisiones administrativas o la relación con la ciudadanía.

Para el AMB, que presta servicios en movilidad, medio ambiente, planificación territorial, vivienda o el apoyo técnico a los municipios metropolitanos, esto implica garantizar que nuestros sistemas cumplen los requisitos del reglamento.

 

En el marco del reglamento, las administraciones públicas son consideradas “desplegadores” de sistemas de IA. ¿Qué responsabilidades implica este papel para los ayuntamientos cuando incorporan estas tecnologías en sus servicios?

Cuando una administración pública despliega un sistema de IA, asume -como explica Concepción Campos Acuña en “De la burocracia a la Inteligencia Artificial” (Legal Today, 2025)- una responsabilidad directa sobre su impacto en los derechos de la ciudadanía y en la calidad del servicio.

Se debe hacer un uso ético y responsable de la IA, evaluar los riesgos antes de implantar la herramienta, garantizar la calidad y gobernanza de los datos, asegurar supervisión humana real, documentar el funcionamiento y ofrecer transparencia y diferentes vías de reclamación. Ser desplegador implica adoptar una gobernanza pública de la IA, y desde el AMB consideramos que esto implica actuar como garantes del interés general y de que la tecnología se utilice de forma ética, segura y sin generar sesgos o efectos indeseados.

 

“Ser desplegador implica adoptar una gobernanza pública de la IA y asumir una responsabilidad directa sobre su impacto en los derechos de la ciudadanía”

 

Uno de los pilares del AI Act es la transparencia en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de información deberán proporcionar los ayuntamientos a los ciudadanos cuando utilicen sistemas de IA en ámbitos como la vigilancia urbana, la tramitación administrativa o la gestión de sanciones?

En materia de vigilancia se deberá explicar qué tecnologías se emplean -como análisis de vídeo o identificación biométrica-, con qué finalidad se utilizan, qué datos se recogen y cómo se supervisan, además de señalizar las zonas monitorizadas y registrar los sistemas de alto riesgo en la base europea correspondiente. Estas obligaciones buscan que la ciudadanía conozca de forma comprensible cómo se aplican estas tecnologías en el espacio público y qué garantías existen para proteger sus derechos.

En lo relativo a los procesos administrativos y sancionadores, las administraciones públicas debemos informar sobre cómo interviene la IA en la clasificación o resolución de expedientes, qué criterios se utilizan, qué datos se procesan y qué controles humanos existen para revisar o corregir decisiones automatizadas.

 

En servicios urbanos como la recogida de residuos, la limpieza viaria o la gestión del tráfico, cada vez se utilizan más algoritmos para optimizar rutas y recursos. ¿Qué garantías deberán cumplir estos sistemas para evitar sesgos territoriales o decisiones automatizadas injustificadas?

La administración debe asegurarse de que los datos con los que se entrenan estos sistemas no generen desigualdades entre barrios o municipios. El AI Act exige que los datos sean representativos y no discriminatorios (art. 10), lo que implica revisar de dónde salen, cómo se actualizan y si reflejan bien la realidad del territorio. Además, estos sistemas deben permitir explicar y revisar cómo se toman las decisiones.

El reglamento nos obliga a garantizar la trazabilidad (art. 12) y supervisión humana efectiva (art. 14), de modo que, si un algoritmo prioriza siempre unas zonas frente a otras, el AMB pueda detectarlo, corregirlo y justificar sus decisiones ante la ciudadanía.

 

“El AI Act exige que los datos sean representativos y no discriminatorios, lo que implica revisar de dónde salen, cómo se actualizan y si reflejan bien la realidad del territorio”

 

Muchos municipios no desarrollan sus propios sistemas de IA, sino que los adquieren a proveedores tecnológicos. ¿Cómo cree que el AI Act va a influir en la contratación pública de soluciones digitales por parte de los ayuntamientos?

Cualquier solución digital contratada según el AI Act deberá demostrar que cumple los requisitos de calidad y ausencia de sesgos en los datos (art. 10), trazabilidad del funcionamiento (art. 12) y supervisión humana efectiva (art. 14). A su vez, se deberá garantizar que el uso que se hace de esa herramienta es seguro y adecuado al servicio público (art. 29).

Ello supone que la administración que la utiliza debe cerciorarse de que el sistema se emplea correctamente, que entiende sus limitaciones y que puede supervisarlo y explicarlo. En la práctica se traducirá en pliegos más adaptados, mayor documentación técnica y contratos que aseguren actualizaciones y acceso a la información necesaria.

 

El reglamento también exige evaluación de riesgos, documentación técnica y supervisión humana de los sistemas de IA. ¿Están los ayuntamientos preparados para asumir estas obligaciones o será necesario reforzar capacidades técnicas dentro de la administración local?

En la práctica, el AI Act plantea obligaciones técnicas —como evaluar riesgos, disponer de documentación detallada y garantizar supervisión humana— que muchos ayuntamientos aún no pueden asumir con los recursos actuales.

Como señalan autores como Víctor Almonacid, estas nuevas exigencias obligarán a las entidades locales a reforzar su estructura interna mediante la incorporación de personal especializado en datos e IA, capaz de interpretar informes técnicos, supervisar el funcionamiento de los algoritmos y asegurar un uso seguro y conforme al interés público. Esta profesionalización será clave para que la administración local pueda cumplir de forma efectiva con las responsabilidades que el reglamento atribuye a los usuarios de sistemas de IA.

 

“Estas nuevas exigencias obligarán a las entidades locales a reforzar su estructura interna mediante personal especializado en datos e IA”

 

Algunos expertos advierten de que la ciberseguridad puede convertirse tanto en un aliado como en un “talón de Aquiles” de las smart cities. ¿Qué riesgos deberían tener especialmente en cuenta los municipios al desplegar sistemas de IA en infraestructuras urbanas críticas?

La incorporación de sistemas de IA en los servicios urbanos constituye una oportunidad para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta de las administraciones locales. Sin embargo, su integración en infraestructuras críticas -como la movilidad, la gestión energética, el ciclo del agua o los sistemas de videovigilancia- exige reforzar las garantías de seguridad digital. En este contexto, los municipios y el AMB deben fijar la ciberseguridad como un elemento clave. Ello implica asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que establece los requisitos para proteger los sistemas de información del sector público.

Asimismo, resulta esencial seguir las directrices promovidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), especialmente en materia de prevención, detección y gestión de incidentes. En el ámbito catalán, este marco se complementa con la labor de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, organismo responsable de coordinar la protección digital del territorio y de impulsar estándares avanzados de seguridad.

La adopción de la IA introduce riesgos que deben ser gestionados, como la manipulación de datos utilizados para entrenar modelos, ataques diseñados para alterar el comportamiento de los algoritmos, vulnerabilidades en dispositivos IoT distribuidos por la ciudad o dependencias tecnológicas que pueden comprometer la continuidad de los servicios. A ello se suma la necesidad de garantizar la protección de los datos personales y la transparencia en los procesos automatizados que afectan a la ciudadanía.

 

“La adopción de la IA introduce riesgos que deben ser gestionados, como la manipulación de datos, ataques que alteren el comportamiento de los algoritmos o vulnerabilidades en dispositivos IoT distribuidos por la ciudad”

 

Desde la experiencia del AMB, ¿qué prácticas o modelos de gobernanza pueden servir de referencia para que los ayuntamientos integren la IA de forma ética, segura y alineada con el AI Act?

Una gobernanza eficaz de la IA requiere estructuras internas estables dedicadas a la gestión del dato, la interoperabilidad y la supervisión tecnológica. El AMB está creando un modelo basado en la centralización y estandarización de los datos urbanos, y una estrategia de IA que cumple con los estándares de calidad y está alineada con el AI Act.

En este contexto, la implantación de un espacio de datos resulta esencial: permite garantizar la calidad, trazabilidad y seguridad de la información que alimenta los sistemas de IA, facilita auditorías internas y externas, y asegura que las decisiones automatizadas se basen en datos fiables y gobernados conforme a criterios públicos.