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La gestión de los residuos urbanos atraviesa un momento de transformación profunda en España. La entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha introducido una serie de obligaciones dirigidas a cumplir con los compromisos europeos en materia de sostenibilidad, reciclaje y reducción de residuos. Entre estas medidas, destaca la implantación —con carácter obligatorio para todos los municipios antes de abril de 2025— de una nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos.

Este nuevo tributo no es simplemente una revisión del antiguo “recibo de la basura”, sino una figura fiscal diseñada para ajustarse al principio de “quien contamina, paga”. El objetivo es que los hogares y empresas paguen de forma más proporcional al volumen, frecuencia y calidad de los residuos que generan, incentivando así comportamientos responsables y sostenibles. La tasa busca ser también un mecanismo de financiación más transparente y suficiente para un servicio que, hasta ahora, muchas entidades locales venían prestando con costes asumidos parcialmente vía impuestos generales, como el IBI.

Sin embargo, su puesta en marcha no está exenta de controversia. Las administraciones locales alertan de falta de definición normativa, disparidad de medios técnicos y escaso margen temporal para adaptarse. Al mismo tiempo, los consumidores reclaman mayor claridad en los criterios de cálculo, así como garantías para que el nuevo sistema no derive en situaciones de desigualdad social o territorial.

En este reportaje, recogemos las perspectivas de tres actores clave en el proceso: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), promotor de la normativa; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa a las entidades encargadas de su aplicación; y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), como voz crítica y vigilante de los derechos ciudadanos. Sus aportaciones permiten comprender el alcance de la medida, los retos que implica su implementación y el debate que aún permanece abierto.

Gobierno Central

El MITECO defiende la tasa como instrumento clave para cumplir los objetivos europeos y transformar la gestión de residuos

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) afirman que la nueva tasa de residuos responde al cumplimiento de compromisos internacionales y a la necesidad urgente de mejorar la eficiencia en la gestión de los residuos urbanos. “La Directiva 2008/98/CE estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas”, explican.

Para adaptarse a esta normativa europea y dar cumplimiento a los objetivos comunitarios, España aprobó la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece, entre otras medidas normativas y económicas, la obligación para las entidades locales de implantar, antes de abril de 2025, una tasa específica de residuos que no sea deficitaria y que tienda al principio de “pago por generación”.

En este contexto, el MITERD recuerda que esta medida no es opcional: la Comisión Europea tiene abierto un expediente sancionador contra España por incumplir los objetivos de reciclaje marcados para 2020. Además, en 2023 Bruselas volvió a advertir a nuestro país del riesgo de incumplimiento de los objetivos para 2025, lo que podría acarrear la imposición de sanciones comunitarias. Según las últimas estadísticas del Ministerio, en 2022 España recuperó apenas el 43% de los residuos municipales para reciclaje, lejos del 55% que se exige para 2025.

Solo cinco comunidades autónomas en España alcanzaron los niveles mínimos de reciclaje, mientras que las doce restantes se situaron por debajo de los objetivos.

De las diecisiete comunidades autónomas, solo aprueban cinco al alcanzar los niveles mínimos de reciclaje exigidos. Por ello, es necesario seguir trabajando en la reducción de residuos y en el fomento de la reutilización y el reciclaje. Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del MITECO.

Desde el MITECO insisten en que la implantación de esta tasa contribuirá a mejorar la gestión de los residuos y generará beneficios tanto ambientales como económicos, entre ellos la recuperación de materiales, la reducción de los residuos generados, la disminución de costes de tratamiento y un aumento de la conciencia social sobre el impacto de los residuos. “Se trata de implicar a todos los agentes en la gestión: desde administraciones a ciudadanía, pasando por empresas y otros actores”, afirman.

Por otro lado, aunque el Ministerio reconoce que la competencia directa en la gestión recae sobre los ayuntamientos, también señalan que se está trabajando en cooperación con las entidades locales para facilitar la implementación. “Se constituyó específicamente un grupo de técnicos de la FEMP y de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para definir unas directrices y dar solución a las dificultades de los ayuntamientos”, explican.

Como apoyo adicional, el MITERD publicó una “Guía para el establecimiento de la tasa local de residuos”, documento técnico que orienta a los municipios sobre cómo calcular y aplicar la nueva tasa. Según recoge el propio Ministerio en esta guía oficial, la tasa debe reflejar el coste real del servicio, incluyendo no solo la recogida, sino también el transporte, tratamiento, limpieza viaria, campañas de concienciación y costes administrativos. Además, se ofrecen recomendaciones para vincular la tasa a criterios como el número de residentes, el volumen de residuos, el nivel de separación en origen o la frecuencia de recogida, entre otros.

“Una tasa bien diseñada permite a los ciudadanos entender el coste del servicio de residuos y modificar sus hábitos de generación y separación”, señala la guía del MITERD. Asimismo, el documento destaca que el nuevo modelo tiene un triple objetivo: garantizar la sostenibilidad financiera del servicio, fomentar la eficiencia en la gestión municipal y promover cambios de comportamiento en la ciudadanía en favor de una economía circular.

Municipios

La FEMP destaca la falta de claridad normativa y advierte de la complejidad de su aplicación

Desde el ámbito municipal, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) manifiesta una postura crítica ante la aplicación de la nueva tasa. Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, secretario general de la entidad, señala que la ley fue aprobada “desoyendo al mundo local”, y que su desarrollo no ha tenido en cuenta la diversidad de modelos de gestión de residuos existentes en los distintos territorios. “Tampoco podemos olvidar que va a suponer un incremento del coste para el ciudadano, incluso en aquellos ayuntamientos en los que ya existe una tasa de basura”, agrega.

La FEMP ya expresó su rechazo en su declaración institucional del 29 de octubre de 2024, así como durante la tramitación parlamentaria de la Ley 7/2022, por considerar que la norma impone una tasa obligatoria sin una regulación suficiente y sin herramientas claras para su implementación. “Todos los que conocen el mundo local saben que una tasa insuficiente o mal regulada es una fuente segura de conflictos”, advierte Martínez-Sicluna.

Uno de los principales problemas que identifican es la falta de una metodología y criterios financieros para la elaboración de los informes técnicos-financieros, lo que dificulta calcular el coste real del servicio. La ley exige que la tasa no sea deficitaria, pero no proporciona directrices claras sobre cómo cuantificar todos los costes asociados —directos e indirectos—, lo que, según la FEMP, puede derivar en inseguridad jurídica y litigiosidad.

Además, la federación rechaza la idea de que la Directiva Europea obligue expresamente a establecer una tasa. “En ningún momento se recoge en la norma europea la obligación de que los ayuntamientos apliquen una tasa. Ha sido una decisión del actual Gobierno”, sostienen.

Desde la FEMP también advierten de que la tasa provocará una disparidad de situaciones entre municipios. Los de menor tamaño deberán asumir una nueva competencia obligatoria —la gestión de residuos— que antes no les era exigible, además de implementar la tasa. “El pequeño ayuntamiento necesitará más apoyo externo, mientras que el gran municipio tendrá mayores retos en la segmentación y aplicación efectiva del principio de ‘quien contamina, paga’”, explica el secretario general.

Para tratar de paliar esta situación, la Federación solicitó al Gobierno la realización de un estudio pormenorizado del impacto de la ley, así como una reforma urgente de la norma que clarifique su aplicación y evite la discrecionalidad entre municipios. También reclamó la creación de una ordenanza tipo, algo que no ha sido posible por la heterogeneidad de realidades locales.

Fruto del trabajo conjunto de la FEMP con el Ministerio de Hacienda y Transición Ecológica, se elaboró el documento "Cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y la gestión de la tasa local de residuos sólidos urbanos", que pretende orientar a las entidades locales en aspectos prácticos, aunque la federación considera que dichas aclaraciones “deberían haberse incorporado al texto legal para aportar mayor seguridad jurídica”.

Por otro lado, la implementación de esta tasa también plantea retos en materia de innovación y eficiencia, explica el secretario. Los municipios más pequeños tienen dificultades para aplicar tecnologías de control del servicio o para establecer sistemas avanzados de tarificación, y dependerán de cálculos más genéricos. "Que nadie espere uniformidad en la aplicación de la tasa", advierte.

Respecto al potencial de la tasa como herramienta para mejorar la eficiencia, la FEMP considera que "no es estrictamente necesario que deba existir una tasa para que la prestación de un servicio sea eficiente, pero su implementación podría ser un medio para lograrlo de haber estado correctamente regulada". Insiste en que estas iniciativas solo son efectivas si se acometen con la participación directa de los actores implicados.

No es estrictamente necesario que deba existir una tasa para que la prestación de un servicio sea eficiente, pero su implementación podría ser un medio para lograrlo de haber estado correctamente regulada. Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP.

Finalmente, reconoce que aún no hay datos suficientes para evaluar el impacto de la tasa, pero destaca el esfuerzo realizado por los equipos técnicos municipales. "En la práctica, esos tres años de plazo se redujeron a tan solo siete meses, tiempo claramente insuficiente para implementar un cambio de esta magnitud", lamenta.

Consumidores

La OCU alerta de la falta de transparencia y riesgo de desigualdades en la aplicación

Desde la perspectiva ciudadana, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) plantea dudas sobre el diseño, la comunicación y la aplicación efectiva de la nueva tasa de residuos. Aunque reconocen que responde a lo dispuesto en la Ley 7/2022, consideran que su implantación debe acompañarse de garantías claras de equidad, transparencia y proporcionalidad.

Poniendo como ejemplo el caso de Madrid, donde recientemente se ha incorporado esta tasa a la fiscalidad municipal, la OCU advierte de que el nuevo tributo podría generar desigualdades importantes entre barrios. Según explica Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la organización, el cálculo de la tasa tendrá en cuenta variables como el número de personas que residen en la vivienda, pero también otros factores colectivos que “no pueden ser individualizados”, como los kilos de residuos generados en el barrio en el que se ubica la vivienda o el coeficiente de calidad en la separación de residuos, “valores que aún no han sido publicados ni explicados con detalle”.

El uso de indicadores como los kilos generados por barrio o el coeficiente de calidad en la separación, cuyos valores aún desconocemos, puede dejar en papel mojado los esfuerzos individuales por aplicar buenas prácticas medioambientales. Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU.

La organización muestra especial preocupación por la falta de transparencia en los criterios de cálculo, el desconocimiento generalizado de su funcionamiento y las implicaciones fiscales reales para los hogares. En este sentido, señalan que en Madrid, la implantación de la nueva tasa se ha acompañado de una reducción del IBI, pero advierten que esta rebaja no compensa el nuevo coste de la tasa, lo que podría suponer un aumento efectivo de la presión fiscal para muchas familias. “A falta de conocer en detalle los valores definitivos que se aplicarán, todo apunta a que el ahorro anunciado en el IBI será muy inferior al sobrecoste que los hogares tendrán que asumir con la nueva tasa”, indica Izverniceanu.

Es por esto que, la OCU considera que si la tasa no se vincula de forma clara y comprensible al comportamiento individual, y si los datos utilizados para calcularla no se hacen públicos, se corre el riesgo de que la ciudadanía perciba la medida como un recargo fiscal poco justificado, en lugar de como un incentivo para reducir residuos.

Además, advierten de que la falta de información clara sobre bonificaciones y exenciones puede tener un impacto negativo en los hogares más vulnerables. Un ejemplo citado por la organización es la exención para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, cuya solicitud debía presentarse antes del 1 de marzo: “Sin duda, habrá pasado desapercibida para la mayoría de los hogares”, afirma.

La OCU también ha denunciado las diferencias significativas en las tasas de basura entre ciudades españolas. En un análisis publicado en diciembre de 2024, la organización señala que para una vivienda tipo de 95 m² con tres residentes, las tasas anuales oscilan entre los 27,60 euros en Soria y los 202,05 euros en San Sebastián, con una diferencia de hasta 174 euros. La OCU considera que estas disparidades no siempre están justificadas y denuncia la falta de criterios homogéneos y transparencia en el cálculo de los importes. Además, critica que el principio de "quien contamina, paga" no se aplica de forma coherente ni se incentivan adecuadamente las buenas prácticas ciudadanas.

Finalmente, la OCU apunta que ahora mismo no es posible valorar el impacto que tendrá esta tasa sobre la ciudadanía, a expensas de conocer los valores definitivos a aplicar en cada uno de los barrios. Por el momento, opinan que la tasa podría llegar a reflejar más las desigualdades en la prestación del servicio municipal que los hábitos reales de reciclaje de los vecinos. Factores como la frecuencia de recogida, la disponibilidad de contenedores o la limpieza del entorno no son homogéneos en todas las zonas, lo que puede distorsionar el sentido original del principio de “quien contamina, paga”.

Municipios pioneros: cuando el pago por generación ya es una realidad

Aunque la nueva tasa de residuos aún está en proceso de implantación en la mayoría de municipios españoles, algunas localidades llevan años aplicando modelos avanzados de recogida selectiva vinculados al principio de “quien contamina, paga”. Estos ejemplos pioneros en el contexto nacional, y recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en su compendio de buenas prácticas en gestión de residuos, demuestran que el pago por generación (PxG) puede funcionar si se adapta a la realidad local, se acompaña de campañas de información eficaces y se construye con implicación ciudadana.

País Vasco

Uno de los referentes más consolidados es Usurbil, en Gipuzkoa, el primer municipio en España que implantó un sistema de recogida puerta a puerta en 2009. La fórmula, que incluye la identificación de cada hogar mediante códigos específicos y la medición de la fracción resto generada, permitió elevar la tasa de recogida selectiva por encima del 80 % y reducir un 27 % los residuos totales en pocos años. Además, el Ayuntamiento ofreció bonificaciones del 40 % en la tasa a las familias que practicaban el autocompostaje, incentivando la prevención desde el ámbito doméstico. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2008 la tasa de recogida separada apenas alcanzaba el 28 %, y tras la implantación del nuevo modelo, en solo un año superó el 80 %.

Otro ejemplo reseñable, también en Gipuzkoa, es el de Zaldibia, que adoptó en 2013 un sistema de recogida puerta a puerta con cubos individualizados y lectura por chip RFID, y en 2022 introdujo una bonificación específica dentro de la tasa municipal en función del comportamiento de cada hogar. Según datos recogidos por el portal El País Retina, la tasa de reciclaje del municipio alcanza el 78 % y la fracción resto se ha reducido a unos 38 kg por habitante al año —una de las más bajas de todo el país—. Los vecinos pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 20 % en la tasa, ampliables al 40 % en el caso de familias en situación de vulnerabilidad, reforzando así el componente social del modelo.

Islas Baleares

También Esporles, en Mallorca, un municipio de algo más de 5.000 habitantes ubicado en la Sierra de Tramuntana, implementó en 2006 un sistema de recogida selectiva puerta a puerta en su núcleo urbano, extendido a las urbanizaciones en 2008. En 2009 dio un paso más al introducir un sistema de pago por generación para la fracción resto. Según la Guía Ciudadana de Gestión de Residuos publicada por el Ayuntamiento, la tasa consta de una parte fija de 90 euros anuale y una parte variable de 1 euro por cada bolsa homologada utilizada para depositar residuos no reciclables. Esta estructura incentivó claramente la separación en origen: en un solo año, la fracción resto se redujo un 61 %, la generación total de residuos cayó un 23 % y la tasa de recogida selectiva se elevó del 46 % al 73 %. Posteriormente ha seguido aumentando hasta situarse en torno al 80 %, posicionando a Esporles como uno de los municipios baleares con mejores resultados en reciclaje, según recoge la Agència de Residus de les Illes Balears.

Cataluña

En Cataluña, el municipio barcelonés de Argentona, de unos 12.000 habitantes, introdujo en 2004 un sistema de recogida puerta a puerta para las fracciones de rechazo y orgánica, que inicialmente elevó la recogida selectiva del 19 % al 53 %. Posteriormente, en 2008 se amplió la recogida a otras fracciones como papel-cartón y envases; y en 2009, el municipio activó el sistema denominado Taxa Justa, un modelo de PxG, que combina una parte fija y otra variable, basado en bolsas identificadas para las fracciones de rechazo y envases. Cada hogar dispone de un número limitado de bolsas incluidas en su cuota anual y debe abonar un coste adicional si las supera. Según la consultora especializada ENT, la introducción de esta tasa permitió reducir la fracción resto en un 45 % y los envases en un 27 % en el primer año de aplicación. La Agència de Residus de Catalunya sitúa actualmente la tasa de reciclaje del municipio en torno al 86 %, consolidándolo como uno de los casos de éxito más destacados en la implantación del pago por generación en España.

Finalmente, los municipios tarraconenses de Miravet y Rasquera, con menos de 1.000 habitantes cada uno, han demostrado que este tipo de sistemas también puede aplicarse en entornos rurales. Desde 2011 aplican una tasa combinada: una parte fija de 40 euros anuales, y otra variable mediante bolsas oficiales para residuos no reciclables y envases, con precios de 0,70 y 0,30 euros respectivamente. Según datos de la Agència de Residus de Catalunya, en solo dos meses desde su implantación, Miravet incrementó su recogida selectiva del 84 % al 93 % y Rasquera pasó del 66 % al 88 %. A pesar de su tamaño, ambas localidades han sido consideradas modelos replicables en zonas con baja densidad poblacional.