Gipuzkoa y el Área Metropolitana de Barcelona comparten su experiencia en la gestión integral de playas, marcada por el objetivo de mantener la excelencia turística, su adaptación al cambio climático y la corresponsabilidad ciudadana
España alcanzó en 2024 un récord histórico en turismo internacional, recibiendo 93,8 millones de visitantes, un 10,1 % más que en 2023. Este auge turístico estuvo especialmente concentrado en los meses de verano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), julio y agosto concentran más del 40 % del total de pernoctaciones, con el litoral como principal atractivo. Esto supone una gran presión sobre las infraestructuras costeras y los servicios públicos, destacando la necesidad de una gestión eficiente y sostenible de las playas.
Estos entornos, muchas veces considerados solo como espacios de recreo, son también ecosistemas frágiles que requieren una atención especial por parte de las administraciones locales y regionales. Aspectos como la calidad del agua, la seguridad de los bañistas, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones son fundamentales para garantizar una correcta experiencia turística y la preservación del medio ambiente.
En este contexto, la gestión de las playas se convierte en un desafío multidimensional que implica coordinación entre diferentes niveles de gobierno, inversión en infraestructuras y adopción de tecnologías innovadoras. Un ejemplo reciente es el sistema de monitoreo que Andalucía ha implementado en más de 800 playas —cubriendo más de 1.000 kilómetros de litoral— mediante inteligencia artificial, proporcionando datos en tiempo real sobre condiciones marinas y ambientales.
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Sin embargo, no todas las regiones enfrentan los mismos retos ni adoptan las mismas soluciones. Mientras algunas áreas avanzan hacia modelos de playas “inteligentes”, otras lidian con problemas de contaminación, falta de servicios básicos o sobrecarga turística. Estos contrastes reflejan la diversidad de enfoques y la necesidad de compartir buenas prácticas en la gestión del litoral.
Por esta razón, desde Equipamiento y Servicios Municipales hemos conocido de primera mano para este reportaje las estrategias de dos regiones destacadas, Gipuzkoa y el área metropolitana de Barcelona.
La gestión de las playas es una competencia esencial pero compleja, que suele recaer en varios niveles institucionales, lo que exige una coordinación fluida para garantizar servicios de calidad, protección ambiental y seguridad ciudadana. En este sentido, tanto el modelo de Gipuzkoa como el del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) reflejan dos fórmulas de gobernanza costera adaptadas a sus respectivos contextos territoriales.

En el caso de Gipuzkoa, la Diputación Foral ejerce desde 1985 un papel subsidiario clave en la gestión de 19 playas repartidas entre municipios como Hondarribia, Zarautz, Zumaia u Orio. Aunque la competencia última sobre estos espacios recae en los ayuntamientos, el Departamento de Sostenibilidad asume directamente labores de limpieza y mantenimiento, y colabora financieramente con Donostia en sus cuatro arenales. Según explica el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, “el objetivo ha sido avanzar hacia una gestión integral del litoral que permita una prestación de servicios homogénea y justa, especialmente para los municipios más pequeños”.
Este enfoque se ha materializado en un acuerdo histórico alcanzado en 2024 con todos los ayuntamientos costeros guipuzcoanos, vigente hasta 2027, que contempla una inversión de 12 millones de euros para financiar servicios esenciales como limpieza, acondicionamiento de arenales o mantenimiento de dunas. El reparto se ajusta al tamaño poblacional: la Diputación cubre hasta el 80 % del gasto en Getaria (menos de 5.000 habitantes) y el 50 % en municipios como Zarautz o Hondarribia.
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Por su parte, en Barcelona y su área metropolitana el modelo es distinto. El AMB (Área Metropolitana de Barcelona) ostenta la competencia directa sobre más de 40 kilómetros de playas, desde Montgat hasta Castelldefels. Esto le permite aplicar una gestión centralizada que combina el uso público y social de estos espacios con una intensa labor de conservación ambiental. Como explica Daniel Palacios, jefe del Servicio de Playas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), “las playas metropolitanas son el espacio público más concurrido del área, con más de 11 millones de visitantes al año, por lo que su mantenimiento requiere una planificación muy precisa y continua”.
La coordinación con los 8 municipios costeros se realiza mediante un sistema informatizado compartido entre el AMB, los ayuntamientos y las empresas adjudicatarias de servicios. Este entorno digital permite gestionar de forma colaborativa las incidencias, planificar instalaciones y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen con agilidad y eficacia, tal y como señala Palacios.
Lejos de lo que se pueda pensar, la gestión de las playas no comienza con la llegada del verano. Es fruto de una planificación meticulosa que se activa meses antes, y que se prolonga más allá de la temporada alta para responder a un uso cada vez más intensivo y prolongado de estos espacios públicos. En ambos territorios, la maquinaria técnica se pone en marcha incluso en invierno para que los arenales lleguen en condiciones óptimas al periodo estival.
En el litoral guipuzcoano, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación realiza tareas de limpieza a lo largo de todo el año, reforzadas tras temporales o lluvias intensas que arrastran residuos hasta las costas. A esto se suman las labores de acondicionamiento morfológico de los arenales, como la nivelación y el perfilado de las playas, y el mantenimiento parcial de los sistemas dunares. “Realizamos servicios de limpieza y gestionamos los residuos extraordinarios que llegan a nuestras playas, especialmente desde tierra adentro en los estuarios de los ríos”, explica Asensio. Además, subraya que la preparación de las playas se hace pensando en su valor ecológico, pero también en su función social y turística.
Los ayuntamientos, por su parte, se encargan de los servicios durante la temporada de baño —socorrismo, aseos, bares, toldos—, integrados todos ellos en un modelo de gestión compartida y coordinada. “La colaboración institucional es clave para asegurar que nuestras playas sigan siendo un referente en calidad ambiental, accesibilidad y servicios para todos los ciudadanos”, señala el Diputado
En el caso del AMB, la logística comienza ya en febrero, con la instalación progresiva de mobiliario e infraestructuras. “Esta primavera ha sido excepcional, porque hemos compatibilizado la preparación del mobiliario con protocolos frente a temporales y lluvias”, señala Palacios. “Hemos tenido que retirar residuos de desembocaduras, limpiar cañas arrastradas por los ríos y garantizar la salubridad de la arena tras las precipitaciones”, añade.
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Durante los meses de verano, el mantenimiento se intensifica: duchas, lavapiés, pasarelas, balizamientos, torres de vigilancia… más de 800 elementos están sujetos a un uso masivo y requieren limpieza y vigilancia constantes. “El uso continuado, la exposición al ambiente marino y el paso de millones de personas exigen un mantenimiento y limpieza diarios”, apunta. En paralelo, se realizan analíticas preventivas y desinfecciones para asegurar la calidad higiénica de las instalaciones
La planificación también se adapta a un nuevo fenómeno: la prolongación del uso de las playas más allá del verano. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el incremento del uso hasta bien entrado octubre y la llegada de los primeros temporales de otoño”, explica. Por eso, la retirada de elementos como pasarelas se hace de forma gradual, protegiendo los equipamientos y garantizando la seguridad ante posibles oleajes. Solo en el ámbito del AMB, el desmontaje final implica más de 50 módulos, 3 kilómetros de pasarelas y 35 kilómetros de balizamiento.
La limpieza de las playas va mucho más allá de retirar residuos visibles. Implica una gestión constante, selectiva y cada vez más condicionada por factores ambientales, tecnológicos y sociales. Tanto en Gipuzkoa como en el área metropolitana de Barcelona, las tareas de limpieza se adaptan a la naturaleza de cada playa y al tipo de uso que recibe, con metodologías distintas en zonas urbanas, naturales o protegidas.
En el municipio vasco se aplica una estrategia diferenciada: en las playas urbanas, la limpieza se realiza mediante maquinaria; en cambio, en las dunas y espacios de especial protección, el trabajo es manual para evitar daños en el ecosistema. “Seguimos una limpieza diferenciada según la zona, y además vigilamos el estado de las dunas para reparar cualquier desperfecto, recolocar postes de madera o sustituir cuerdas perimetrales si es necesario”, explica Asensio. La frecuencia varía según la temporada: mientras en invierno se realiza una limpieza semanal, en verano y durante Semana Santa las labores se intensifican y se ejecutan a diario.
En el AMB, el enfoque también es quirúrgico y adaptado a las particularidades de cada playa. En espacios de alta protección ambiental, como la playa del Remolar o la Pineda de Cal Francès, la limpieza se realiza de forma manual y selectiva, retirando solo plásticos y residuos de origen humano. “La situación de vulnerabilidad extrema por la regresión de arena nos ha hecho reducir el uso de cribadoras mecánicas y apostar por limpiezas menos invasivas”, detalla Palacios. El compromiso con la biodiversidad también se refleja en medidas estacionales como el blindaje temporal de áreas para proteger la nidificación del corriol camanegre, especie incluida en los catálogos de fauna amenazada.
A la operativa tradicional se suma el despliegue de tecnologías que optimizan la gestión. En Gipuzkoa, la aplicación “Nik Hondartzak”, lanzada en 2020, permite a la ciudadanía conocer en tiempo real el aforo estimado de las playas, el estado de las aguas, la presencia de medusas o incluso el nivel de ocupación de los aparcamientos próximos. “Lo que comenzó como una medida de emergencia durante la pandemia se ha consolidado como una herramienta de servicio público de primer orden”, destaca Asensio.
En el AMB, la digitalización llega hasta los tractores de limpieza y camiones de recogida, que están equipados con GPS para verificar recorridos y coberturas, y también a los contenedores, que incorporan sensores de llenado. “Esto nos permite ajustar las frecuencias de vaciado según la demanda real y reducir tanto las emisiones de CO₂ como las molestias a los usuarios”, subraya Palacios. Además, todo el sistema de gestión está digitalizado y compartido entre ayuntamientos, empresas y técnicos, lo que permite visualizar en tiempo real el estado de los trabajos e introducir incidencias desde las mismas playas mediante tabletas.
El control del estado de las aguas, la arena, la flora y la fauna es una pieza fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar el equilibrio ecológico del litoral. Por ello, las administraciones responsables de cada territorio han consolidado protocolos de seguimiento ambiental, apoyándose en centros científicos y en tecnologías de análisis preventivo
En Gipuzkoa, el Departamento de Sostenibilidad trabaja en coordinación con el Gobierno Vasco para el control de la calidad del agua de baño. En caso de detectar cualquier anomalía en los análisis, se avisa a los ayuntamientos y la ciudadanía a través de la aplicación ‘Nik Hondartzak’”, que actualiza los datos en tiempo real. “Nuestra prioridad es anticiparnos a los riesgos y activar los mecanismos de información lo antes posible”, explica Asensio.
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Pero el seguimiento ambiental va más allá del agua. Desde 2022, la Diputación colabora con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el control de la presencia de Ostreopsis, un tipo de alga tóxica cuya proliferación se ha intensificado en los últimos años por el aumento de la temperatura marina. “Estas algas pueden causar afecciones cutáneas, por eso llevamos un seguimiento constante a lo largo del año para detectar su evolución en toda la costa guipuzcoana”, apunta.
En el caso de Barcelona, aunque el análisis del agua corresponde a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el servicio metropolitano lleva a cabo un protocolo riguroso de control sobre la calidad de la arena y la salubridad de las instalaciones. Cada quince días se toman muestras en 25 puntos distribuidos por los municipios costeros, en dos zonas diferenciadas: la primera línea de mar, donde se realiza limpieza mecánica; y los accesos, donde la limpieza es principalmente manual. “La principal fuente de alteración de la arena son las lluvias intensas, pero su impacto es limitado, y las analíticas posteriores confirman rápidamente la recuperación”, explica Palacios.
En paralelo, el AMB desarrolla estudios de seguimiento de especies vegetales y animales en los ecosistemas dunares. En este sentido, en el marco del proyecto SAM (Seguimiento de Aves Marinas), colabora con entidades especializadas para censar poblaciones y detectar vulnerabilidades. “Este verano hemos renovado tres torres de observación de aves y reforzado los convenios con el CRAM para sensibilizar sobre fauna marina”, añade el experto
En cualquier caso, ambas administraciones coinciden en que los datos ambientales no son solo herramientas de diagnóstico, sino también instrumentos clave para la toma de decisiones, la planificación preventiva y la educación ambiental. En un contexto de creciente presión climática, estos sistemas permiten mantener el litoral como un entorno seguro, saludable y biodiverso.

El litoral es una de las zonas más expuestas al impacto del cambio climático. La subida del nivel del mar, el incremento de temporales fuera de temporada, la regresión de las playas y los cambios en las condiciones meteorológicas están alterando profundamente la morfología y el funcionamiento de los ecosistemas costeros. Ante este escenario, las administraciones han puesto en marcha mecanismos de adaptación que combinan tecnología, planificación y capacidad de respuesta operativa.
En Gipuzkoa, el Departamento de Sostenibilidad trabaja desde 2017 con el centro tecnológico AZTI en la implantación de una red foral de videometría que permite monitorizar de forma continua la evolución del litoral. “Este sistema nos permite observar los cambios en la distribución de la arena, medir la densidad de usuarios, evaluar la morfodinámica de las playas y, sobre todo, analizar los efectos del aumento del nivel del mar y de los fenómenos meteorológicos adversos”, subraya Asensio.
La red de videometría también contribuye a mejorar la seguridad. Durante la temporada estival, los datos obtenidos se comparten con los servicios de socorrismo para identificar zonas de riesgo en tiempo real. “La monitorización nos permite detectar erosiones, zonas peligrosas y cambios repentinos en la costa, y tomar decisiones preventivas con antelación”, añade en este sentido.
En el ámbito del AMB, la adaptación al cambio climático es ya una dimensión estructural de la gestión. “Nos hemos especializado en la evolución y el comportamiento de los temporales, que hoy son un factor externo clave en nuestra planificación”, apunta Palacios. Entre los cambios más relevantes que han detectado se encuentran la subida del nivel del mar (16 cm desde 1994), el aumento de la altura del oleaje (hasta 32 cm desde 2004) y una mayor frecuencia de episodios con componente sur-sureste, en detrimento de los tradicionales temporales de levante.
Esta variabilidad obliga a una planificación flexible y a una capacidad de reacción inmediata. Cuando las previsiones anuncian mala mar, se activan protocolos de retirada de pasarelas, señales y equipamientos expuestos. También se abren pluviales para evitar inundaciones y se recogen residuos arrastrados por las crecidas del Llobregat o el Besòs. Estos residuos son trasladados a una planta de compostaje metropolitana para su valorización ambiental.
“La previsión, anticipación, adaptación y reacción rápida son claves para minimizar daños, disminuir la vulnerabilidad y actuar con agilidad ante cualquier incidencia”, resume el responsable. En paralelo, el AMB trabaja con el Ministerio para la Transición Ecológica en la elaboración de un Plan de Estabilización a largo plazo, que permita afrontar de forma estructural la regresión grave que sufren algunas playas del litoral barcelonés.
Los dos modelos, distintos pero complementarios, coinciden en que la adaptación climática ya no es una opción estratégica, sino una necesidad operativa. Y que para proteger las playas no basta con gestionar lo visible: hay que anticiparse a lo que está por venir.
Más allá de la limpieza y los servicios, la sostenibilidad de las playas también requiere de una ciudadanía comprometida con su cuidado. La sensibilización ambiental y la implicación directa de las personas usuarias son hoy estrategias fundamentales en la gestión costera, tanto para reducir la generación de residuos como para fomentar una nueva cultura del uso del litoral.
En Gipuzkoa, hay en marcha desde 2015 campañas estivales de concienciación sobre el uso responsable de las playas. Una de sus iniciativas más innovadoras es ’Gauzateka’, un servicio móvil en forma de furgoneta que recorre los arenales guipuzcoanos ofreciendo material reutilizable para el ocio: pelotas, gorras, libros, juegos de playa, incluso material de snorkel. “A través de esta campaña prestamos material de playa a todos los usuarios de los arenales, evitando el consumo innecesario y fomentando la reutilización”, expresa Asensio. Cabe destacar que la mayoría de los objetos han sido donados por centros comerciales y entidades sociales como Emaús Gizarte Fundazioa.
La iniciativa se complementa con talleres dirigidos a niños y adultos sobre reciclaje, prevención de residuos y economía circular. Actividades como la creación de marionetas con materiales desechados o el juego Lokotx Bilketa —basado en el deporte rural vasco— enseñan a clasificar correctamente residuos en un formato lúdico. “Queremos involucrar a la comunidad en la protección del entorno natural y demostrar que el cambio hacia un desarrollo sostenible es posible y necesario”, añade.
Por otro lado, el AMB ha convertido sus playas en espacios educativos a través del programa ’Aprenem a la Xarxa’, una propuesta de actividades de sensibilización ambiental que incluye desde la retirada de vegetación invasora hasta la plantación de especies autóctonas. “La gestión de los espacios públicos está cambiando de paradigma hacia una mayor implicación de los usuarios y la sociedad en general”, señala Palacios. “Como administración pública, tenemos el deber de concienciar a la población sobre los problemas de estos espacios y aumentar el sentimiento de pertenencia hacia las playas, los parques y los ríos metropolitanos”, reflexiona.
El reconocimiento a esta labor no ha sido menor: la regeneración de las dunas metropolitanas recibió en 2022 el premio New European Bauhaus de la Comisión Europea. Además, el AMB participa junto al Instituto de Ciencias del Mar-CSIC y otros socios europeos en el proyecto BioPlatgesMet, una iniciativa de ciencia ciudadana que recopila datos sobre biodiversidad costera mediante geolocalización, mapas de vegetación y seguimiento de especies. “Ya se han registrado más de 5.000 observaciones, lo que demuestra que la ciudadanía quiere formar parte activa de la protección de estos ecosistemas”, concluye Palacios.
Las playas del siglo XXI suman además de la presión turística y la emergencia climática nuevos patrones de uso, hábitos de ocio nocturno, fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad en entornos que también son ecosistemas frágiles.
En Gipuzkoa, la prioridad es seguir consolidando un sistema integral que garantice el cuidado de los arenales y un servicio equitativo para todos los municipios, especialmente los de menor tamaño. “Nuestro principal reto es que cualquier persona que se acerque a las playas de Gipuzkoa tenga un servicio de calidad y de disfrute, asegurando el cuidado de nuestros arenales mediante un uso responsable”, afirma Asensio. La Diputación quiere avanzar también en la reutilización de materiales, la implicación ciudadana y el refuerzo de la resiliencia climática, sin perder de vista la función social, económica y ecológica de las playas.
En el litoral metropolitano de Barcelona, los retos se multiplican. Tras una primavera marcada por temporales y lluvias intensas, las playas han recibido residuos arrastrados por ríos y rieras durante semanas. “El incremento continuo de usuarios año tras año, sumado a la regresión de arena y el cambio climático, es el mayor desafío al que nos enfrentamos”, asevera Palacios. A ello se añade el uso nocturno creciente: con noches tórridas que no bajan de los 25 grados, muchas personas acuden a la playa en busca de alivio térmico, dificultando las tareas de limpieza que se realizan entre las 23:00 y las 6:00 h. “En muchos casos hemos tenido que atrasar el inicio de los trabajos, lo que implica hacer el mismo esfuerzo en menos tiempo”, finaliza.
Ambas administraciones coinciden en que los próximos años exigirán inversiones sostenidas, innovación tecnológica y una mayor corresponsabilidad ciudadana. El litoral se consolida como un espacio esencial para el bienestar, el turismo y la biodiversidad, pero también como un indicador de la capacidad de adaptación de las ciudades ante los grandes retos ambientales y sociales de nuestro tiempo.
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