La transformación digital municipal ya no es una opción, sino un proceso estructural que redefine el modelo de ciudad y exige nuevas capacidades de gobernanza, financiación y coordinación
En el contexto actual de transición ecológica, digitalización y reindustrialización, los municipios españoles afrontan el reto de redefinir la manera en que prestan servicios públicos esenciales a la ciudadanía. Ya no se trata únicamente de incorporar soluciones tecnológicas puntuales, sino de activar una transformación estructural que impacte de manera transversal en la gestión urbana, desde el alumbrado público o la gestión de residuos hasta la movilidad, el mantenimiento de infraestructuras o los servicios energéticos. En este proceso, la digitalización se configura como un habilitador clave, no como un fin en sí mismo, y es en el ámbito local donde encuentra su campo de aplicación más inmediato y tangible.
La estrategia nacional España Digital 2025, lanzada por el Gobierno y coordinada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, constituye la hoja de ruta vigente para acelerar la digitalización del país. Articulada en torno a diez ejes estratégicos, esta agenda prioriza ámbitos como la transformación del sector público, la conectividad, la economía del dato y el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Una hoja de ruta para acelerar la transformación digital del país de forma inclusiva, sostenible y centrada en las personas.
Más de 50 medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos:
Conectividad digital universal
Despliegue del 5G
Refuerzo de competencias digitales
Digitalización del sector público
Transformación digital de las empresas
Impulso a la economía del dato
Desarrollo de la inteligencia artificial
Ciberseguridad
Atracción de inversión y emprendimiento tecnológico
Garantía de derechos digitales
Desde junio de 2025, esta estrategia se complementa con la Hoja de Ruta Nacional para la Década Digital, un documento que amplía el marco temporal y alinea los compromisos del país con los objetivos del Programa de Política de la Década Digital 2030 de la Unión Europea. Esta iniciativa comunitaria establece metas comunes y supervisa los avances de los Estados miembros en áreas clave como las competencias digitales, las infraestructuras de conectividad, la digitalización empresarial y la modernización de los servicios públicos.
Según el portal oficial España Digital, la hoja de ruta española identifica trayectorias de progreso, recoge medidas específicas y fija valores objetivo para cada uno de estos ámbitos. En su último informe, la Comisión Europea reconoce que España ha abordado el 100 % de las recomendaciones emitidas en 2024 y valora positivamente el grado de alineamiento de la estrategia nacional con los objetivos digitales de la UE.

En este contexto, la administración local se consolida como un actor decisivo en el despliegue de la transformación digital. Los ayuntamientos son los responsables directos de la mayoría de los servicios que afectan al día a día de la ciudadanía —como la gestión de residuos, el alumbrado público, la limpieza urbana, la movilidad o la atención ciudadana—, y representan el nivel institucional más directamente interpelado por la digitalización. Según datos del último Eurobarómetro especial sobre la Década Digital (junio de 2025), el 72 % de la población española considera que la digitalización de los servicios públicos está facilitando su vida diaria, lo que evidencia una legitimidad social creciente para profundizar en este proceso.
Los ayuntamientos son el nivel institucional más directamente interpelado por la transformación digital: gestionan los servicios que más afectan al día a día de la ciudadanía.
El presente reportaje analiza el papel de las ciudades y municipios españoles en la transformación digital de sus servicios públicos, concebida no como una suma de tecnologías, sino como un proceso estructural que redefine los modelos de gestión urbana. A partir del marco estratégico de la agenda España Digital 2025 y los objetivos fijados por la Década Digital europea, se traza una radiografía del ecosistema smart city en España, se identifican los retos comunes que enfrentan las administraciones locales y se examinan casos de referencia que ya están impulsando modelos de ciudad más eficientes, interoperables y centrados en el ciudadano. El reportaje concluye con una reflexión sobre las claves que marcarán la próxima fase del proceso: una transformación que será tanto tecnológica como política, organizativa y cultural.
Para completar el análisis, contamos con la visión José Antonio Ondiviela, director del Instituto de Investigación en Ciudades Inteligentes de la Universidad Francisco de Vitoria y asesor tecnológico del Ayuntamiento de Zaragoza. En su opinión, las ciudades españolas han sabido aprovechar bien las oportunidades de digitalización y avanzan con firmeza en la incorporación tecnológica, situándose a un nivel internacional muy competitivo, justo por detrás de referentes como Copenhague, Dubái o Singapur. Más allá de la tecnología o los presupuestos, Ondiviela subraya que los verdaderos factores diferenciales son humanos: el liderazgo político desde las alcaldías y la capacitación técnica de los equipos municipales son claves para traducir la innovación en mejoras reales.
El ecosistema smart city en España, en cifras
España cuenta con uno de los ecosistemas urbanos más dinámicos de Europa en materia de transformación digital. En la última década, numerosas ciudades han evolucionado desde la digitalización de servicios puntuales hacia modelos de gestión inteligente más integrados, apoyados en plataformas urbanas, espacios de datos, servicios digitales avanzados y nuevas formas de gobernanza local.
España se ha consolidado como uno de los ecosistemas urbanos más dinámicos de Europa en transformación digital, con municipios que ya apuestan por plataformas integradas, espacios de datos y servicios inteligentes.
Uno de los pilares de este ecosistema es la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que agrupa actualmente a más de 150 municipios, entre ellos las principales capitales de provincia y un número creciente de ciudades medianas. Con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), esta red opera como una comunidad técnica que facilita el intercambio de conocimiento, difunde buenas prácticas y promueve estándares comunes en ámbitos como la interoperabilidad, la ciberseguridad, la sensorización urbana o la gestión del dato. Según datos de la propia red, más de 650 responsables municipales —técnicos, concejales y alcaldes— participan activamente en sus grupos de trabajo temáticos.
El impulso institucional ha sido igualmente decisivo. A través del programa Ciudades y Territorios Inteligentes, gestionado por Red.es, se han financiado ya 61 proyectos locales con una inversión pública de 200 millones de euros, centrados en modernizar servicios como el alumbrado público, la movilidad, la gestión del agua o la administración electrónica. Estas iniciativas han permitido a muchos ayuntamientos escalar soluciones tecnológicas que, de otro modo, no habrían sido viables por limitaciones presupuestarias o técnicas.
A esta consolidación institucional se suma el reconocimiento internacional. Diversos estudios y rankings sitúan a ciudades españolas entre las más destacadas de Europa en políticas urbanas inteligentes. En el Smart City Index 2023, elaborado por el IMD y la Universidad Tecnológica de Singapur, Madrid (posición 41), Barcelona (52) y Zaragoza (89) figuran entre las cien ciudades mejor valoradas del mundo en integración tecnológica y percepción ciudadana. Por su parte, el IESE Cities in Motion Index 2024/2025 destaca el liderazgo de Madrid y Barcelona en España por su rendimiento en dimensiones clave como la gobernanza, la tecnología, la movilidad y la cohesión social. Asimismo, el Intelligent Community Forum incluyó en su ranking Smart21 Communities 2025 a ciudades como Bilbao, Alcobendas, Las Rozas y Valencia, reconociendo su enfoque transversal en digitalización, desarrollo económico y sostenibilidad. Estos reconocimientos refuerzan la visibilidad internacional del modelo español de ciudad inteligente y confirman su progresiva consolidación en el contexto europeo.
Con Jose Antonio Ondiviela, asesor tecnológico del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza se ha posicionado como una de las ciudades españolas más avanzadas en la digitalización de servicios municipales gracias a una combinación singular de liderazgo político, planificación estratégica y madurez tecnológica. Lejos de limitarse a actuaciones sectoriales o proyectos piloto, la ciudad ha apostado por una transformación estructural y sostenida en el tiempo, articulada a través de la estrategia Zityverse 2024–2030, dotada con una inversión prevista de 70 millones de euros. El plan contempla la implementación de un gemelo digital urbano, un asistente virtual municipal basado en IA y la integración de plataformas urbanas de datos.
La estrategia —según explica José Antonio Ondiviela, asesor tecnológico del Ayuntamiento— se asienta sobre cinco pilares: inteligencia artificial para mejorar la comunicación con la ciudadanía (a través de chatbots inteligentes); IA aplicada a procesos administrativos internos para incrementar la eficiencia del personal municipal; gemelos digitales para gestionar el medio físico con datos en tiempo real; analítica predictiva para la atención social a partir de mapas de vulnerabilidad por distrito; y un enfoque lúdico con tecnologías de metaverso para fomentar la interacción ciudadana.
“Zaragoza está en uno de los momentos más dulces de su historia”, señala Ondiviela, quien destaca como claves la solidez del equipo técnico municipal y el liderazgo político ejercido desde la Alcaldía. “Hay una clara voluntad de ofrecer los mejores servicios posibles, sin reparar en medios humanos y materiales”.
Este liderazgo se complementa con un contexto urbano altamente favorable: una ciudad cohesionada, bien conectada, con baja congestión de tráfico, alto nivel de seguridad y una fuerte capacidad de atracción de talento y empresas tecnológicas, gracias también a unos costes de vida notablemente inferiores a los de Madrid o Barcelona.
Entre las actuaciones más representativas, destaca el proyecto Reluzes, actualmente en fase de ejecución, que contempla la renovación de más de 9.600 luminarias del alumbrado público con tecnología LED, junto a la implantación de 81 cuadros de mando inteligentes dotados de sistemas de telegestión y regulación remota. Esta actuación —adjudicada por 8,25 millones de euros y financiada en parte con fondos europeos— permitirá una reducción del 70 % en el consumo energético, contribuyendo así a los objetivos de eficiencia y sostenibilidad urbana.
La ciudad ha integrado también su planificación digital con los programas estatales y europeos, beneficiándose del programa Ciudades y Territorios Inteligentes, impulsado por Red.es, y alineándose con iniciativas como los Espacios de Datos para Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), que promueven el uso compartido de datos urbanos y la interoperabilidad entre sistemas.
Asimismo, ha establecido colaboraciones estratégicas con actores tecnológicos como Amazon Web Services (AWS) para desarrollar sistemas predictivos de alerta ante inundaciones y gestión eficiente del territorio.
Esta combinación de enfoque estratégico, cultura técnica y visión ciudadana posiciona a Zaragoza como un modelo realista y escalable de ciudad inteligente. Su apuesta integral refuerza además su papel como nodo digital de referencia en el sur de Europa. En palabras de Ondiviela: “Si un proyecto funciona en Zaragoza, funciona en España. Somos una ciudad media, pero con capacidad de liderazgo en la digitalización urbana”.
“Zaragoza demuestra que una ciudad media puede liderar la transformación digital si combina visión política, talento técnico y compromiso ciudadano.” - Jose Antonio Ondiviela, asesor tecnológico del Ayuntamiento de Zaragoza.
El ecosistema ha incorporado también nuevos instrumentos de planificación estratégica, como el proyecto EDINT (Espacios de Datos para Infraestructuras Urbanas Inteligentes), impulsado por la FEMP y regulado por el Real Decreto 1062/2024. Esta iniciativa tiene como objetivo crear entornos de datos compartidos que mejoren la gestión de los servicios públicos urbanos mediante analítica avanzada e interoperabilidad. En su fase inicial, EDINT contará con la participación de 12 entidades locales y más de 30 actores del sector, y está dotado con una financiación de 12,9 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación.
En paralelo, muchas ciudades han creado oficinas municipales de transformación digital, estructuras transversales desde las que se articulan las estrategias tecnológicas locales. Estas unidades coordinan la implantación de plataformas urbanas, supervisan los estándares técnicos en las contrataciones y promueven una visión digital común entre áreas municipales que antes funcionaban de forma aislada.
Cada vez más ciudades crean estructuras específicas para coordinar su transformación digital, implantando plataformas urbanas, supervisando estándares técnicos y rompiendo los silos entre áreas municipales.
La visión de ciudad inteligente en España ya no se limita a la implantación de sensores o la digitalización de trámites: avanza hacia un modelo más maduro, orientado a la eficiencia operativa, la sostenibilidad de los servicios públicos y la toma de decisiones basada en datos. Casos como la Plataforma Integral Ciudadana de Madrid, el sistema de alumbrado inteligente de Zaragoza o el uso de inteligencia artificial para la limpieza viaria en Las Rozas ilustran este cambio de paradigma: del dato como elemento técnico al dato como recurso estratégico para una gestión urbana más eficaz.
La visión de ciudad inteligente en España avanza hacia un modelo más maduro, orientado a la eficiencia operativa, la sostenibilidad de los servicios públicos y la toma de decisiones basada en datos.

Aunque muchas ciudades españolas han avanzado de forma significativa en la digitalización de servicios públicos, aún persisten obstáculos estructurales y operativos que condicionan la eficacia, la escala y la sostenibilidad de estas iniciativas. En los procesos de transformación tecnológica, los retos ya no son solo técnicos, sino también institucionales, organizativos, sociales y financieros.

Uno de los desafíos más recurrentes es la fragmentación institucional y departamental. En administraciones como la municipal, las competencias están distribuidas entre distintas áreas —urbanismo, medio ambiente, movilidad, limpieza, atención ciudadana…—, lo que genera silos tecnológicos que dificultan la interoperabilidad entre sistemas y plataformas. Esta dispersión ralentiza la visión integrada que toda ciudad inteligente requiere: la capacidad de que distintos servicios “hablen entre sí” y operen de forma coordinada.
José Antonio Ondiviela lo resume con una fórmula clara: “lo primero es poner orden en casa”. A su juicio, uno de los errores más comunes es que cada departamento desarrolla sus propias soluciones digitales sin una estrategia compartida, lo que acaba generando duplicidades, incompatibilidades y desconexiones que repercuten directamente en el ciudadano. Para evitarlo, defiende reforzar el liderazgo político y técnico, y articular una gobernanza tecnológica común que garantice la coherencia del conjunto: “definir una estrategia única, establecer criterios comunes y asegurar que todas las herramientas encajen en un mismo plan de ciudad”.
Directamente ligado a este desafío aparece el reto de construir una gobernanza del dato efectiva, con estándares compartidos, normativas internas claras y criterios de interoperabilidad bien definidos. Muchas administraciones locales aún no disponen de marcos regulatorios para determinar quién gestiona los datos, cómo se comparten y con qué garantías. La RECI impulsa activamente buenas prácticas en este ámbito, pero su aplicación práctica sigue enfrentando resistencias técnicas y jurídicas. Según datos de la red, se han compartido más de 50 buenas prácticas solo en el último año, lo que demuestra el valor del trabajo colaborativo como palanca para superar estas barreras.
Además, la falta de colaboración real entre administraciones, universidades y empresas tecnológicas sigue siendo una barrera persistente. Aunque la cooperación con el ámbito universitario ha dado buenos resultados en proyectos conjuntos, la colaboración interadministrativa apenas va más allá de foros o congresos, y la público-privada, aunque con ejemplos positivos en formación o gestión de servicios, sigue siendo la excepción. Para avanzar hacia modelos de ciudad inteligente, Ondiviela insiste en la necesidad de fortalecer estos vínculos con fórmulas legales sólidas y una gobernanza abierta basada en la confianza y el valor compartido.
Otro desafío estructural es la escasez de talento digital especializado dentro de las corporaciones locales. Para desplegar con éxito servicios basados en inteligencia artificial, analítica de datos o mantenimiento predictivo, se requieren perfiles técnicos difíciles de atraer o retener en el sector público, especialmente fuera de las grandes capitales.
José Antonio Ondiviela advierte que muchas plantillas municipales presentan un doble desafío: por un lado, un acusado envejecimiento —con la mayoría de los funcionarios próximos a la jubilación en la próxima década— y, por otro, una falta generalizada de competencias digitales. Esta combinación genera una resistencia estructural al cambio. “Es como regalar un Fórmula 1 a alguien que no sabe conducir”, ejemplifica. No basta con incorporar tecnología si el personal no está preparado para utilizarla. Por ello, insiste en que la formación continua y el relevo generacional deben avanzar en paralelo a la implantación de nuevas herramientas digitales.
Aunque iniciativas como el Plan Nacional de Competencias Digitales —una hoja de ruta con 7 líneas y 16 medidas destinadas a elevar el nivel digital de ciudadanos, empresas y funciones públicas— y la plataforma Generación D, que oferta cursos y recursos para capacitar a miles de profesionales, buscan fortalecer estas capacidades, la Comisión Europea advierte que aún existen importantes brechas en la adopción de tecnologías emergentes por parte de pymes y entidades locales.
La desigualdad territorial es otra limitación estructural. No todos los municipios parten del mismo nivel de madurez digital ni disponen de los mismos recursos humanos, tecnológicos o financieros para avanzar. Esto genera una brecha creciente entre grandes ciudades con capacidad inversora y municipios medianos o rurales que enfrentan mayores dificultades. El Informe de país de la Década Digital 2025, publicado por la Comisión Europea, reconoce que si bien España supera la media comunitaria en infraestructura digital, el rezago se concentra en el ámbito municipal y en el tejido empresarial más pequeño.
Sin embargo, las oportunidades para los municipios de menor tamaño también son relevantes. José Antonio Ondiviela subraya que “los municipios de tamaño medio o pequeño tienen una ventaja competitiva clara: su agilidad”. Con presupuestos más ajustados, pero con estructuras organizativas menos rígidas, estas ciudades pueden implantar sistemas tecnológicos avanzados y ofrecer servicios públicos de alta calidad. “A diferencia de las grandes ciudades —añade— que cuentan con más recursos pero también con una mayor complejidad administrativa, los municipios medianos pueden reaccionar rápidamente, modificar procesos internos o adaptar normativas sin tantas trabas burocráticas”.
A nivel operativo, muchos ayuntamientos se enfrentan a la dificultad de pasar del piloto a la operación real y sostenible. Numerosas iniciativas nacen como proyectos experimentales con financiación extraordinaria, pero luego encuentran dificultades para consolidarse en la operativa diaria. Esta transición exige más que voluntad política: requiere recursos, cuadros técnicos estables, marcos de gobernanza robustos y cultura organizativa orientada a la innovación.
La financiación y gestión de fondos públicos siguen siendo un cuello de botella habitual. Muchas iniciativas dependen de líneas estatales o europeas, como los fondos del Plan de Recuperación, lo que exige capacidades administrativas específicas (licitaciones, auditorías, justificaciones, etc.) que no siempre están presentes a nivel local.
En este sentido, José Antonio Ondiviela advierte que el problema no está tanto en la falta de recursos como en la capacidad de ejecución. “Hay financiación disponible —fondos europeos y nacionales como los Next Generation EU—, pero una parte significativa no se va a ejecutar por falta de talento técnico, por la burocracia excesiva y por procesos administrativos lentos”, señala. “En consecuencia, se devolverán millones de euros que podrían haberse aprovechado para proyectos innovadores”.
Además, los costes recurrentes de los proyectos (mantenimiento, licencias, actualizaciones) no siempre se presupuestan correctamente en la fase de diseño, comprometiendo su viabilidad futura.
A ello se suma una barrera estructural clave: la rigidez de la ley de contratación pública, que impone plazos largos e incompatibles con el ritmo actual de innovación. José Antonio Ondiviela lo resume con una advertencia clara: “La inteligencia artificial evoluciona cada semana, pero un proceso de licitación puede durar hasta nueve meses. Cuando llega, la tecnología ya está obsoleta”. Retomando una frase célebre del alcalde de Dublín, subraya que “procurement kills smart cities”, en referencia a cómo los trámites burocráticos mal diseñados pueden bloquear el desarrollo de proyectos tecnológicos avanzados.
“Necesitaríamos una normativa más flexible —añade—, pero nadie se atreve a modificarla por miedo a que se interprete como un retroceso en la lucha contra la corrupción.” Es un equilibrio complejo: una ley más estricta evita malas prácticas, pero también puede paralizar la innovación si no se adapta a las nuevas exigencias del entorno digital.
También emergen como críticos los desafíos relacionados con la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la ética digital. A medida que crece la conectividad y el volumen de datos gestionado por los municipios, se amplía la superficie de exposición a riesgos. **Ondiviela remarca que uno de los principales retos es avanzar en inteligencia artificial sin comprometer la confidencialidad de los datos ni la identidad de las personas. **Informes como el OBS Smart Cities 2024 alertan sobre la necesidad de integrar la ciberseguridad desde el diseño de las soluciones digitales, y no como un componente accesorio. De lo contrario, puede deteriorarse la confianza ciudadana o incluso comprometerse la continuidad de servicios esenciales.
En este proceso, la transparencia y la experiencia del ciudadano cobran un papel fundamental. “La confianza se gana cuando el ciudadano ve resultados”, señala José Antonio Ondiviela. “Si un ciudadano te avisa de una papelera rota y a la semana recibe una foto con la papelera reparada y un mensaje de agradecimiento, significa que, como administración, escuchas, actúas y solucionas”. Esa capacidad de respuesta genera credibilidad, compromiso cívico y orgullo de ciudad. “En definitiva —añade— no se trata de política, sino de gestión: de tener personas preparadas y con voluntad real de hacer las cosas bien”.
Pese a los retos estructurales aún vigentes, España ha consolidado avances significativos en la digitalización de sus ciudades, situándose entre los países más dinámicos de Europa en ámbitos clave como la conectividad, la capacitación digital de la ciudadanía y el despliegue de servicios públicos electrónicos. Según el Informe del Estado de la Década Digital 2025 de la Comisión Europea, el país alcanza una puntuación de 88,75 en servicios digitales para la ciudadanía —claramente por encima de la media europea (82,3)—, y ha cumplido el 100 % de las recomendaciones comunitarias emitidas el año anterior.
Sobresale también por su amplia cobertura de redes de alta capacidad —como la fibra óptica o el 5G— y por el impulso de iniciativas pioneras como los modelos de IA en lenguas oficiales, la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o los espacios de datos urbanos (EDINT) para una gestión más predictiva y compartida de los servicios.
Pero estos logros no deben ocultar las brechas que persisten: desigualdad territorial, fragmentación institucional, déficit de talento especializado, falta de continuidad financiera y dificultad para escalar pilotos a servicios consolidados. Como advierte José Antonio Ondiviela, “el verdadero salto no es solo técnico, sino también estratégico, organizativo y cultural”.
No obstante, los municipios que han sabido articular liderazgo político, visión clara y equipos preparados comienzan a mostrar un impacto real en el territorio. La ciudadanía percibe mejoras concretas: trámites más ágiles, servicios digitales más eficientes y una atención más proactiva, en muchos casos gracias a la aplicación de inteligencia artificial.
Este progreso se refleja también en la gestión física de la ciudad, donde decisiones urbanas —como plantar árboles o planificar podas— se toman basadas en datos objetivos, aportando eficiencia, coherencia y transparencia.
En definitiva, lo que diferencia a las ciudades que avanzan no es el volumen de inversión, sino su capacidad de ejecución, de alinear estrategia, personas y tecnología. Ante este panorama, la recomendación de Ondiviela es clara: “Copiar sin complejos los planes de las ciudades grandes, tomarlos como referencia y adaptarlos a la realidad y a la escala de cada municipio”. Para el experto, la prioridad debe ser siempre la formación: invertir primero en capacitar al equipo para que tenga claro qué quiere hacer y cómo hacerlo. “La tecnología y la financiación llegarán, pero de poco sirven si antes no hay una visión definida y un equipo preparado para ejecutarla”.
De cara al horizonte 2030, el desafío no pasa solo por digitalizar más servicios, sino por repensar el modelo de ciudad y de gestión urbana. La próxima etapa exige un enfoque estructural que combine tecnología, gobernanza, financiación, talento y participación.
José Antonio Ondiviela identifica varias tendencias clave que transformarán los entornos urbanos en los próximos años. Entre ellas, destaca el desarrollo de agentes de inteligencia artificial (Agentic AI): sistemas capaces de asistir a funcionarios en tareas como la revisión y validación de expedientes, lo que agilizará trámites y permitirá liberar tiempo para funciones de mayor valor añadido. Esta automatización no busca sustituir personas, señala, sino ayudarlas a trabajar mejor.
Junto a la IA, Ondiviela subraya el papel de la movilidad aérea con drones, las ciudades adaptadas al envejecimiento poblacional (age-friendly cities), y la transición de un enfoque centrado solo en sostenibilidad hacia uno más amplio: la resiliencia urbana, que permita anticipar y resistir crisis. Advierte, además, que la infraestructura energética será estratégica: “España puede convertirse en la batería de Europa, pero necesitamos reforzar la red eléctrica para transportar la energía que ya generamos”.
En su visión, la ciudad del futuro será más automatizada, sí, pero también más humana: “La tecnología liberará a las personas de tareas repetitivas para que puedan centrarse en aquello donde el componente humano es insustituible: los cuidados, los servicios sociales, la atención directa”, afirma.
Las seis claves del nuevo paradigma urbano digital
Convergencia verde-digital
Gobernanza basada en datos predictivos
Financiación estructural e innovadora
Capacitación y profesionalización del sector público local
Ciberseguridad, privacidad y ética digital
Participación ciudadana real
Frente a este escenario, hay seis vectores estratégicos que se consolidan como ejes del nuevo modelo de ciudad. En primer lugar, la convergencia verde-digital: la digitalización debe alinearse con los objetivos climáticos, aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial, los gemelos digitales o la sensorización ambiental para anticipar riesgos, reducir consumos y diseñar políticas más adaptativas. El informe Tendencias 2025 del Smart City Cluster ya señala esta sinergia como una de las grandes palancas del nuevo paradigma urbano.
Otro eje decisivo es la gobernanza basada en datos predictivos. No se trata tanto de desplegar más dispositivos como de transformar los datos en inteligencia operativa. Herramientas como los Espacios de Datos para Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), regulados por el Real Decreto 1062/2024, ofrecen un modelo innovador para compartir información entre municipios y tomar decisiones más ágiles, anticipatorias y coordinadas.
Esta evolución requerirá también una financiación sostenible y colaborativa. Para superar la dependencia de fondos extraordinarios, habrá que explorar esquemas híbridos público-privados, modelos City-as-a-Service, agrupaciones de demanda, consorcios intermunicipales o fórmulas de suscripción digital adaptadas a la escala local.
Todo ello será inviable sin una profesionalización profunda del sector público local. No basta con incorporar tecnología: es necesario contar con estructuras técnicas estables, atraer talento digital, promover la capacitación continua y generar una cultura organizativa transversal, ágil y orientada a la innovación.
A esto se suma la urgencia de consolidar una soberanía digital efectiva, que garantice la seguridad, la privacidad y la ética en el uso de tecnologías emergentes. En un contexto donde los servicios municipales gestionan volúmenes crecientes de datos sensibles —desde salud hasta movilidad o consumo energético—, la confianza ciudadana será un activo clave. La ciberseguridad y la resiliencia digital deben integrarse desde el diseño de cualquier solución.
Por último, una ciudad inteligente debe ser también una ciudad democrática. La cocreación, la participación activa y la gobernanza distribuida se vuelven esenciales para legitimar y enriquecer los procesos de transformación. Plataformas digitales, laboratorios urbanos y nuevas formas de deliberación ciudadana permitirán diseñar servicios más inclusivos, adaptados y sostenibles.
Junto a estos vectores estratégicos, existen riesgos emergentes que no pueden obviarse: la obsolescencia tecnológica acelerada, los ciberataques, la resistencia institucional, la fragmentación entre niveles de gobierno, o la pérdida de visión estratégica. Solo las ciudades que desarrollen capacidad adaptativa, anticipación y colaboración intermunicipal estarán en condiciones de liderar la siguiente fase del modelo.
Una ciudad verdaderamente inteligente no será la que tenga más sensores, sino la que escuche, interprete y responda mejor —con eficacia, equidad y sostenibilidad— a las necesidades de su ciudadanía.
En definitiva, España ha sentado bases sólidas: plataformas digitales activas, ecosistemas colaborativos como la RECI, proyectos en marcha y una ciudadanía cada vez más capacitada. Pero el siguiente salto no será solo técnico. Será político, organizativo y cultural.
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