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España encara un momento decisivo en la gestión de sus residuos. Tras años de retraso y con los objetivos europeos cada vez más cerca, la implantación de la recogida separada de biorresiduos —la fracción orgánica que supone cerca del 40% de la basura municipal— se ha convertido en el principal termómetro del éxito o fracaso del modelo.

El despliegue del contenedor marrón, generalizado en los últimos años al calor de la Ley 7/2022, debía marcar un punto de inflexión. Sin embargo, la realidad muestra un escenario mucho más complejo: avances desiguales, sistemas que no terminan de funcionar y una creciente presión normativa que obliga a acelerar decisiones que durante años se han pospuesto.

En este contexto, la visión de Josep Maria Tost, consultor en economía circular y gestión de residuos y ex director de la Agencia de Residuos de Cataluña, ofrece una lectura clara y directa del momento actual. A partir de sus declaraciones, este reportaje analiza las principales claves del sistema: desde el diagnóstico de una “España a dos velocidades” hasta los problemas de integración del contenedor marrón, la calidad de la recogida, el comportamiento ciudadano, los modelos más eficaces y el papel determinante de la fiscalidad y la política.

El resultado dibuja un escenario en el que la cuestión ya no es si el modelo debe cambiar, sino hasta qué punto las administraciones están dispuestas a asumir ese cambio. Más allá de la tecnología o la normativa, el futuro de los biorresiduos en España parece depender de una variable mucho menos técnica y más decisiva: la voluntad de transformar el sistema en profundidad.

 

Un diagnóstico claro: avance lento y desigual

El despliegue de la recogida separada de biorresiduos en España ha experimentado avances en los últimos años, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022. Sin embargo, el balance general sigue lejos de ser satisfactorio. “El avance en España es todavía demasiado discreto”, resume Tost, advirtiendo que la recogida separada de la fracción orgánica continúa siendo “una rareza en demasiadas comunidades autónomas”.

 

“El avance en España es todavía demasiado discreto: la recogida separada de biorresiduos sigue siendo una rareza en demasiadas comunidades autónomas.”

 

Su diagnóstico apunta a una realidad estructural: en muchos territorios, los avances no se han producido hasta la obligación legal reciente, y eso se traduce en una implantación todavía limitada del sistema. Es decir, más que un desarrollo progresivo y planificado, lo que ha existido en gran parte del país es una reacción tardía a la exigencia normativa.

Los datos disponibles confirman esta lectura. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 se recogieron en España 22,4 millones de toneladas de residuos municipales, de las cuales solo 5,4 millones correspondieron a recogida separada. Aunque esta cifra supone un ligero incremento —del 1,8% respecto al año anterior—, sigue siendo insuficiente para cumplir los objetivos europeos, lo que evidencia la distancia existente entre el despliegue del sistema y su eficacia real.

De hecho, uno de los rasgos más característicos del modelo actual es precisamente esa divergencia entre infraestructura y rendimiento. En los últimos años se ha producido un crecimiento significativo de los sistemas de recogida —especialmente con la implantación del contenedor marrón—, pero la captación de materia orgánica de calidad sigue siendo desigual. El sistema, en muchos casos, ha crecido en presencia sin hacerlo al mismo ritmo en resultados.

Este retraso cobra aún mayor relevancia si se sitúa en perspectiva histórica. Tal y como recuerda Tost, desde finales de los años noventa la Unión Europea viene impulsando la reducción del vertido de residuos orgánicos, no solo por razones de gestión, sino por su impacto ambiental. Los biorresiduos constituyen uno de los principales focos de emisión de metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento superior al del CO₂. Pese a este impulso sostenido durante décadas, España “sigue llegando tarde a este reto”.

 

España a dos velocidades: falta de prioridad y limitaciones estructurales

Este desarrollo desigual del sistema se traduce en una imagen cada vez más clara: la existencia de una “España a dos velocidades” en la gestión de los biorresiduos. “La realidad lo demuestra claramente”, afirma Josep Maria Tost, que sitúa el origen de esta brecha, en gran medida, en “una falta de voluntad por parte de muchas administraciones locales y autonómicas”.

 

“La gestión de residuos no ha sido percibida como una prioridad política ni como una demanda ciudadana relevante, lo que ha provocado una falta de implicación institucional.”

 

En su análisis, el problema no es únicamente técnico. Durante años, la gestión de residuos no ha sido percibida ni como una prioridad política ni como una demanda ciudadana relevante, lo que ha derivado en una falta de implicación institucional que ha frenado el desarrollo de modelos más eficaces en amplias zonas del territorio. Pero va un paso más allá: a su juicio, no se trata tanto de una falta de capacidad como de una falta de decisión. “Es, en gran medida, un tema de voluntad política”, apunta.

Para ilustrarlo, recurre a modelos como el catalán, donde el reparto de responsabilidades ha facilitado el desarrollo del sistema: la administración autonómica asume las inversiones en infraestructuras de tratamiento, mientras que los ayuntamientos afrontan los costes operativos. Además, en el caso de los municipios de menor tamaño, las diputaciones ejercen funciones de apoyo en la gestión. Un esquema que, en su opinión, demuestra que el problema no radica tanto en la disponibilidad de recursos como en la prioridad que se otorga a la política de residuos.

A partir de ahí, la brecha territorial se hace evidente. Mientras comunidades como Navarra, País Vasco o Cataluña han logrado consolidar sistemas avanzados —con tasas de separación que en algunos casos superan el 60%—, otros territorios presentan un retraso significativo y un riesgo real de incumplimiento de los objetivos europeos.

En muchos casos, esta diferencia no responde únicamente a condicionantes estructurales, sino también a decisiones estratégicas. Tal y como señala Tost, la recogida selectiva exige mayores costes que el modelo basado en residuos mezclados, lo que ha llevado a que en determinados territorios no se haya priorizado su desarrollo. “No ha habido interés en fomentar la recogida separada”, resume.

Frente a este planteamiento, algunos de los argumentos habitualmente esgrimidos —como la dispersión de la población o la complejidad logística en entornos rurales— son, a su juicio, insuficientes para explicar el retraso. “Son excusas”, afirma, recordando que el marco normativo lleva años definido tanto a nivel europeo como estatal. Desde la aprobación de la Ley de Residuos de 2011, insiste, los objetivos eran conocidos, pero no siempre se han aplicado con el mismo grado de exigencia.

En este sentido, la diferencia entre territorios no responde a enfoques experimentales, sino a distintos niveles de compromiso con el cumplimiento de la normativa. Comunidades como País Vasco, Navarra o Cataluña no han desarrollado estos modelos de forma excepcional, sino porque han asumido como propia la necesidad de cumplir con las directivas europeas y la legislación vigente.

Ni siquiera la introducción de instrumentos económicos ha logrado, por ahora, corregir completamente estas diferencias. La entrada en vigor del impuesto al vertido en 2023 ha encarecido la gestión para los municipios que no separan, pero su efecto requiere tiempo para consolidarse. “España ha llegado tarde”, advierte Tost, recordando que países como Dinamarca introdujeron este tipo de fiscalidad ya en los años ochenta, y que en el caso español su eficacia dependerá también de su aplicación real y de que no existan distorsiones entre territorios.

El resultado es un mapa profundamente fragmentado, en el que conviven territorios con sistemas consolidados y otros en fases todavía incipientes. Una brecha que, como plantea Tost, no puede entenderse sin atender al papel de las decisiones políticas. Más que un problema de limitaciones técnicas, concluye, es una cuestión de prioridades.

 

El contenedor marrón: un despliegue sin rediseño

La implantación del contenedor marrón en España se ha producido de forma generalizada en los últimos años, pero no siempre ha supuesto un cambio real en el modelo de gestión. Para Josep Maria Tost, este es “sin duda, uno de los principales problemas”: la recogida de la fracción orgánica se ha planteado, en muchos casos, como un cumplimiento legal más que como un rediseño del sistema.

 

“Para muchos ciudadanos, el contenedor marrón se percibe aún como una carga innecesaria e incomprensible que solo complica su día a día.”

 

“No se ha explicado adecuadamente a la ciudadanía el porqué de la separación de los residuos orgánicos”, señala. Ni su impacto ambiental, ni su papel en la reducción de emisiones, ni su contribución a mejorar el reciclaje han sido comunicados de forma clara. Como consecuencia, una parte importante de la población percibe el contenedor marrón como “una carga innecesaria e incomprensible”, una obligación que complica su día a día.

Este enfoque está directamente relacionado con el contexto normativo en el que se ha producido su despliegue. La Ley 7/2022 fijó el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para la implantación de la recogida separada de biorresiduos, lo que impulsó su extensión en la mayoría de municipios. Sin embargo, en muchos casos este proceso se ha limitado a la instalación del contenedor físico, sin abordar el rediseño profundo que requiere el sistema.

En este sentido, Tost apunta a cuestiones muy concretas que explican por qué el sistema no está funcionando como debería. Una de ellas es la falta de implantación de islas completas de contenedores. Es decir, no basta con incorporar un contenedor de orgánica de forma aislada, sino que es necesario reorganizar el conjunto de fracciones para facilitar la separación.

Otra carencia relevante es la ausencia de recogidas específicas para grandes generadores. En ciudades medias, señala, resulta difícil entender que no existan circuitos diferenciados para comercios y actividades económicas en fracciones como envases, cartón u orgánica, lo que supone la pérdida de volúmenes muy importantes de residuos que no se separan correctamente.

En este contexto, la diferencia entre añadir un nuevo elemento y transformar el modelo resulta fundamental. Un sistema de recogida solo se considera rediseñado cuando la incorporación de una nueva fracción implica cambios en el conjunto. Sin embargo, en numerosos municipios el sistema anterior se ha mantenido prácticamente sin modificaciones, lo que reduce de forma significativa el incentivo para separar correctamente.

En la práctica, esto se traduce en situaciones muy claras. Cuando el ciudadano mantiene un contenedor de resto con la misma frecuencia de recogida, cercanía y facilidad de uso que antes, el incentivo para utilizar el contenedor marrón es casi inexistente. El modelo tradicional de contenedores abiertos sigue favoreciendo el anonimato y la mezcla de residuos.

A ello se suma la falta de trazabilidad. En ausencia de sistemas de identificación, el contenedor marrón se convierte con frecuencia en un receptor de residuos mezclados, perdiendo su función de captar materia orgánica de calidad.

El problema, por tanto, no reside únicamente en el contenedor, sino en su integración en el sistema. “No se ha trabajado suficientemente con la ciudadanía”, insiste Tost. No se ha informado ni formado de manera adecuada, y en muchos casos los conflictos políticos a nivel local tampoco han ayudado a generar consenso en torno al modelo. A ello se añade, además, la falta de comunicación sostenida, que resulta clave para consolidar hábitos.

Además, en algunos territorios se ha priorizado la recogida sin asegurar que las instalaciones de tratamiento —como plantas de compostaje o biometanización— estén preparadas para gestionar correctamente los biorresiduos recogidos de forma separada, lo que provoca que parte del material termine en circuitos de tratamiento en masa.

Frente a esta situación, las experiencias que sí han abordado el rediseño del sistema muestran resultados diferentes. Casos como el de la Comarca de Pamplona evidencian que, mediante la implantación de sistemas como los contenedores inteligentes, es posible incrementar de forma significativa la recogida separada y reducir la fracción resto. En estos modelos, el contenedor marrón deja de ser un elemento añadido para convertirse en una pieza central del sistema. Pero, además, Tost insiste en otro factor decisivo: mucha comunicación, sostenida en el tiempo.

En conjunto, el despliegue del contenedor marrón pone de manifiesto una idea clara: sin rediseño del sistema, sin trabajo con la ciudadanía y sin una implantación adecuada, su funcionamiento se ve limitado. En muchos casos, concluye Tost, acaba convirtiéndose en un nuevo contenedor de fracción resto, debido a la elevada presencia de impropios que impide su aprovechamiento.

 

 

Calidad e impropios: el gran cuello de botella

Más allá del despliegue del sistema, uno de los principales retos de la recogida de biorresiduos en España está en la calidad del material recogido. Josep Maria Tost lo resume de forma directa: “sin educación no hay milagros”.

En muchas ciudades, explica, se han instalado contenedores de orgánica esperando que se llenen por inercia, sin campañas educativas sostenidas en el tiempo. Sin embargo, la separación de los residuos orgánicos en origen no es un proceso automático. “Es un paso más allá dentro del reciclaje”, que requiere un nivel alto de conciencia ambiental. Y ese nivel de implicación, insiste, solo se consigue con tiempo y pedagogía.

 

“Sin educación no hay milagros: no se pueden instalar contenedores esperando que se llenen por inercia sin campañas educativas sostenidas en el tiempo.”

 

Este diagnóstico se corresponde con la realidad técnica del sistema. La presencia de impropios —materiales no biodegradables como plásticos, vidrios o textiles en la fracción orgánica— continúa siendo el principal desafío. Cuando esta contaminación es elevada, no solo encarece los procesos de tratamiento, sino que puede inutilizar el compost para uso agrícola, impidiendo su valorización y dificultando el cierre del ciclo.

Las causas de esta baja calidad responden a varios factores. Por un lado, existe un conocimiento parcial por parte de la ciudadanía: una parte significativa de la población no identifica correctamente la tipología de residuos ni su correcta separación. A ello se suma el uso generalizado de bolsas de plástico, el impropio más habitual. En este punto, Tost introduce una idea clara: con el tiempo, será necesario imponer el uso de bolsas compostables como condición para mejorar la calidad del residuo recogido.

Por otro lado, el diseño del sistema también influye de forma directa. La posibilidad de depositar los residuos en el contenedor de resto facilita que la materia orgánica se mezcle, evitando que el ciudadano tenga que enfrentarse a la separación correcta.

Ante este escenario, Tost insiste en que no existe una única solución. “La clave está en la combinación de medidas”. En primer lugar, información y educación sostenidas en el tiempo. Y, junto a ello, la incorporación de instrumentos económicos y regulatorios que refuercen el comportamiento adecuado.

En este punto, introduce un elemento determinante: la estructura de costes del sistema. Si el vertido resulta más barato que el tratamiento o la recogida separada, el sistema tenderá a favorecer la mezcla. “Si ir al vertedero cuesta 50 y tratarlo cuesta 70, ya sabes dónde irá la basura”, viene a señalar. Por el contrario, cuando el coste del vertido es significativamente superior —como ocurre en Cataluña, donde puede alcanzar en torno a 120 euros por tonelada frente a los 70 del tratamiento—, los municipios tienen un incentivo claro para mejorar la recogida selectiva.

Las experiencias más avanzadas muestran cómo esta combinación de medidas puede mejorar los resultados. Los sistemas de control de acceso mediante contenedores inteligentes permiten introducir trazabilidad en el uso del sistema y reducir el depósito de residuos mezclados. Del mismo modo, la distribución de materiales —como bolsas compostables o cubos aireados— facilita la correcta separación en origen.

A ello se suma un factor institucional que Tost considera clave: la necesidad de que las comunidades autónomas y el propio Estado refuercen el control sobre el cumplimiento de los objetivos. No se trata solo de fijar metas, sino de velar por su aplicación efectiva e introducir mecanismos de sanción cuando sea necesario, sin esperar a que la presión llegue desde la Unión Europea.

El modelo puerta a puerta incorpora, además, un elemento de control directo, al permitir la inspección visual de los residuos antes de su recogida. En los casos en que se detectan impropios, las bolsas no se retiran y se deja un aviso informativo, generando un proceso de aprendizaje inmediato. A ello se suman iniciativas como las sesiones de buenas prácticas “a pie de contenedor”, que refuerzan la formación y permiten trasladar al ciudadano el impacto de sus errores en el proceso de tratamiento.

En conjunto, la mejora de la calidad de la fracción orgánica recogida exige actuar de forma simultánea sobre la información, el comportamiento ciudadano, el diseño del sistema y los incentivos económicos, incorporando mecanismos que permitan garantizar una separación efectiva en origen.

 

 

Ciudadanía y comportamiento: entre la conciencia y el diseño

El papel de la ciudadanía es un elemento central en el funcionamiento del sistema de recogida de biorresiduos. Para Josep Maria Tost, el origen del problema es claro: “principalmente, de conciencia. Si no hay conciencia del problema, no hay cambio”.

A su juicio, esta falta de conciencia no es casual. “No se ha informado suficientemente a la ciudadanía”, señala, en un contexto en el que la gestión de residuos no ha sido tratada como una prioridad. Sin ese trabajo sostenido en el tiempo, resulta difícil generar hábitos de separación en origen.

La comparación internacional refuerza este planteamiento. Países como Alemania, Bélgica, Italia u Holanda presentan mejores resultados porque llevan años trabajando en esta materia con continuidad, pero también con medidas legales y económicas potentes que acompañan ese esfuerzo pedagógico.

 

“Si no hay conciencia del problema, no hay cambio, y en España no se ha informado suficientemente a la ciudadanía porque no ha sido una prioridad.”

 

Junto a esta visión, el análisis técnico introduce otro elemento relevante. Existe un debate sobre si los bajos niveles de recogida responden a la falta de concienciación o a un diseño deficiente del sistema. En los análisis más recientes, el comportamiento ciudadano se interpreta como una respuesta directa a la arquitectura del modelo de recogida.

En este contexto, el concepto de “fricción” resulta clave. Cuando el sistema exige más esfuerzo para separar los biorresiduos que para depositarlos mezclados, la tendencia mayoritaria es optar por la opción más sencilla. Esta fricción puede manifestarse de distintas formas: cuando el contenedor marrón es más difícil de abrir que el de resto, cuando se encuentra a mayor distancia o cuando el sistema requiere más pasos para su uso. También existe una fricción menos visible: si el ciudadano no percibe con claridad el destino de los residuos o el sentido de su esfuerzo, la implicación disminuye.

Sin embargo, Tost introduce un matiz importante frente a esta lectura. A menudo, señala, “se utilizan excusas para no cambiar hábitos”. En este sentido, insiste en que la separación en origen “no supone un esfuerzo insalvable”. Argumentos como la falta de espacio, la incomodidad o la ausencia de incentivos responden, en muchos casos, más a resistencias al cambio que a problemas reales. “Nadie se ha muerto por separar la orgánica”, resume de forma gráfica.

Más allá de estas resistencias, Tost apunta a una cuestión de fondo: la falta de comprensión del propio sistema. La clave, insiste, es la concienciación. “¿Todo esto para qué sirve? La gente no lo sabe”, plantea. Sin esa explicación, la separación se percibe como una carga adicional, una tarea más impuesta al ciudadano sin un beneficio claro.

Al mismo tiempo, algunos modelos avanzados muestran cómo el diseño del sistema puede influir directamente en el comportamiento. Sistemas que incorporan mecanismos de identificación o trazabilidad permiten asociar el residuo a un usuario, reforzando la percepción de responsabilidad. En estos casos, el ciudadano entiende que su comportamiento tiene un impacto tanto ambiental como económico.

En conjunto, el análisis de la ciudadanía y el comportamiento pone de manifiesto que la separación de los biorresiduos no depende únicamente de la voluntad individual, sino también de las condiciones en las que se produce. La información, la continuidad en la educación ambiental, las medidas económicas y el diseño del sistema son elementos que inciden directamente en el resultado final.

 

Modelos de recogida: del voluntarismo al control

El análisis de los modelos de recogida de biorresiduos muestra diferencias significativas en términos de resultados. En este punto, Josep Maria Tost es claro: “el modelo puerta a puerta es, sin duda, el más eficaz”. No se trata de una afirmación teórica, sino respaldada por la experiencia acumulada.

En Cataluña, por ejemplo, la recogida de la fracción orgánica comenzó a implantarse en los años 90 y el modelo puerta a puerta se extendió a partir del año 2000. Actualmente, más de 340 municipios lo aplican con resultados sólidos tanto en cantidad como en calidad del residuo recogido.

 

“Los sistemas basados en el voluntarismo no funcionan: los modelos de éxito tienen en común la obligatoriedad de la participación.”

 

Sin embargo, más allá de la comparación entre modelos, Tost introduce una reflexión de fondo. Después de más de tres décadas de campañas de sensibilización, en 2026 sigue habiendo una parte de la población que no recicla. Y la razón, apunta, no es el desconocimiento, sino la falta de interés. “Hay gente que no recicla porque no le interesa”, resume.

En este contexto, el siguiente nivel de estímulo es evidente: el económico. El comportamiento cambia cuando tiene consecuencias directas, del mismo modo que ocurre en otros ámbitos, como el sistema de puntos del carnet de conducir. Es decir, la eficacia del modelo no depende solo de facilitar la separación, sino de introducir mecanismos que la hagan obligatoria o, al menos, ineludible en términos prácticos.

Aun así, Tost introduce un matiz fundamental: no existe una solución única. “Cada territorio tiene sus particularidades”, señala, por lo que resulta imprescindible disponer de un buen plan local de prevención y gestión de residuos que permita determinar el modelo más adecuado en cada caso.

Más allá de estas diferencias, los sistemas que mejor funcionan comparten un elemento común: la obligatoriedad de participación. “No funcionan los sistemas basados en el voluntarismo”, insiste. Además, estos modelos permiten aplicar sistemas de fiscalidad más justos, vinculando el comportamiento del usuario con el coste del servicio.

En el contexto español actual conviven tres grandes modelos de recogida, con resultados claramente diferenciados.

El primero es el modelo puerta a puerta, que destaca por su eficacia en la captación y la calidad del residuo. Se basa en la recogida de las distintas fracciones en días específicos frente al domicilio, lo que permite un mayor control sobre la separación en origen. Entre sus ventajas se encuentran la reducción de impropios y la posibilidad de aplicar sistemas de pago por generación. Sin embargo, también presenta limitaciones, especialmente en zonas de alta densidad, donde la logística es más compleja y la rigidez horaria puede generar dificultades.

El segundo modelo es el de contenedor cerrado o inteligente, que requiere sistemas de identificación —como tarjeta o aplicación móvil— para su apertura. Este sistema introduce trazabilidad en el uso del servicio y se está consolidando como una alternativa eficaz en ciudades medianas y grandes. Su funcionamiento depende de una infraestructura digital adecuada y de un padrón actualizado de usuarios, pero permite mejorar la calidad sin renunciar a una mayor flexibilidad operativa.

El tercer modelo es el contenedor abierto, el sistema tradicional. En este caso, la valoración de Tost es contundente: “es un modelo obsoleto”. En el mejor de los casos, permite alcanzar niveles de recogida selectiva cercanos al 50%, muy por debajo de los objetivos europeos, que exigen llegar al 65% en 2035. Además, la falta de control favorece el depósito de residuos mezclados, dificultando tanto la calidad como la trazabilidad del sistema.

Los datos más recientes apuntan en la misma dirección. La ausencia de mecanismos de control convierte al contenedor abierto en el punto más vulnerable del sistema, donde se deposita aquello que no se quiere clasificar.

En conjunto, la comparación entre modelos pone de manifiesto una idea clave: la eficacia del sistema no depende únicamente del diseño técnico, sino de su capacidad para condicionar el comportamiento. Y eso implica, necesariamente, avanzar desde modelos basados en la voluntariedad hacia sistemas en los que la participación esté regulada, controlada y vinculada a incentivos reales.

 

 

Incentivos y política: el coste de decidir

Si la dimensión técnica explica parte del problema, la política y la fiscalidad explican por qué muchas soluciones no terminan de aplicarse. Para Josep Maria Tost, el punto de partida es claro: ante la falta de implicación de una parte de la ciudadanía, es necesario recurrir a sistemas obligatorios y a incentivos económicos. Pero introduce de inmediato un matiz decisivo: “sin la interferencia de la política y la demagogia, sería mucho más fácil avanzar”.

 

“Sin la interferencia de la política y la demagogia, sería mucho más fácil avanzar en la gestión de residuos.”

 

Esa interferencia no es menor. “El peso de los factores políticos es total”, afirma. Y lo es especialmente en el contexto actual. A medida que se acerca el ciclo electoral de 2027, muchos responsables públicos evitan impulsar cambios hacia modelos más exigentes por el coste político que pueden acarrear. La gestión de residuos, además, sigue sin percibirse como una prioridad ciudadana, lo que refuerza esa tendencia a evitar decisiones que puedan generar conflicto.

El resultado es visible en numerosos municipios, donde los modelos de recogida han sido objeto de confrontación política, llegando incluso a provocar cambios de gobierno. Esta inestabilidad tiene consecuencias directas: sistemas más eficaces, como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes, han sido revertidos en algunos casos en favor de modelos más “cómodos”, aunque claramente menos eficientes.

Este contexto político coincide, además, con un momento clave desde el punto de vista económico. El año 2026 se perfila como “la hora de la verdad” para la fiscalidad de los residuos. La Ley 7/2022 obliga a que las tasas de basura cubran el 100% del coste del servicio, eliminando la posibilidad de financiarlo con otros ingresos municipales. Esto supone un cambio estructural: el residuo deja de ser un servicio parcialmente subvencionado para convertirse en un coste directo y visible para el ciudadano.

La adaptación a este nuevo marco está siendo compleja. En 2025, la tasa media aumentó un 16,2%, pero aun así solo cubre en torno al 65,5% de los costes reales. Para muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, ajustar las tarifas supone un reto tanto técnico como político. La elaboración de informes técnico-económicos rigurosos es imprescindible para justificar las tasas, pero su complejidad ha llevado en algunos casos a optar por soluciones más simples —como tasas planas— que pueden ser cuestionadas jurídicamente.

En este escenario, el Pago por Generación (PxG) aparece como la herramienta más coherente para alinear comportamiento y coste bajo el principio de “quien contamina, paga”. Sin embargo, su implantación sigue siendo muy limitada. Las barreras son tanto técnicas —como la dificultad de individualizar la generación de residuos en viviendas colectivas o la inversión necesaria en tecnología— como políticas, por el temor al rechazo social ante un incremento de la factura.

Las consecuencias de esta combinación de factores van más allá del corto plazo. La aprobación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2025-2035 refuerza la presión sobre los municipios incumplidores, y el déficit en la financiación del servicio puede comprometer el acceso a subvenciones estatales o europeas. Es decir, la falta de decisiones hoy no solo tiene un coste político inmediato, sino también un riesgo económico y normativo a medio plazo.

En este contexto, la fiscalidad deja de ser un elemento secundario para convertirse en el núcleo del sistema. Y la política, lejos de ser un marco neutro, se revela como el principal factor que condiciona —y en muchos casos frena— la transformación real del modelo.

 

Un sistema en la encrucijada: decidir o quedarse atrás

Más allá del diagnóstico, la cuestión clave es qué debe hacerse a partir de ahora. Para Josep Maria Tost, el punto de partida no admite matices: “el primer paso es disponer de un buen plan local de prevención y gestión de residuos y, sobre todo, cumplirlo”. La planificación, insiste, no puede quedarse en un trámite formal. Sin ejecución real, no hay resultados.

A partir de ahí, el reto no es únicamente municipal. Tost subraya el papel decisivo de las comunidades autónomas, que deben ejercer funciones de acompañamiento y, sobre todo, de financiación para permitir que los municipios desplieguen sistemas eficaces y sostenibles en el tiempo.

 

“El primer paso para los municipios es disponer de un buen plan local de prevención y gestión de residuos y, sobre todo, cumplirlo: sin planificación no hay resultados.”

 

Sin embargo, el margen de maniobra se está reduciendo rápidamente. El horizonte de 2027 introduce un cambio estructural que puede alterar por completo el escenario. A partir de ese año, el material orgánico recuperado de la fracción resto —el denominado bioestabilizado— dejará de computar como reciclado. Hasta ahora, este representaba aproximadamente un 16% del indicador nacional. Su exclusión provocará un desplome técnico inmediato de las tasas de reciclaje en aquellos municipios que no hayan implantado una recogida separada de biorresiduos de alta calidad, alejándolos de los objetivos europeos del 60% en 2030 y del 65% en 2035.

Y esta vez, advierte Tost, no se trata solo de objetivos orientativos. No cumplirlos tendrá consecuencias. La Ley 7/2022 y la normativa europea contemplan sanciones, lo que añade una presión real sobre administraciones que, durante años, han pospuesto decisiones estructurales.

En este contexto, la gestión de biorresiduos se sitúa en una auténtica encrucijada. Los municipios que parten de niveles bajos no pueden limitarse a ajustes marginales: deben abordar cambios profundos basados en la evidencia acumulada en los últimos años.

Entre ellos, uno resulta fundamental: acabar con el anonimato. La implantación de sistemas con identificación —contenedores inteligentes o modelos puerta a puerta— no es una opción tecnológica, sino una necesidad operativa para garantizar la calidad del residuo. A ello se suma la necesidad de blindar la tasa de residuos, asegurando que su diseño se base en criterios técnicos sólidos que eviten conflictos jurídicos y garanticen la sostenibilidad económica del sistema.

Además, el problema no es únicamente de falta de recursos, sino de cómo se gestionan. Tal y como apunta Tost, existe financiación suficiente para abordar esta transformación. Solo el impuesto al vertido genera cada año en torno a 600 millones de euros en España. Sin embargo, no siempre se destinan de forma finalista a políticas de residuos. Frente a ello, pone el ejemplo de Cataluña, donde estos ingresos sí están legalmente vinculados al sistema, a diferencia de otros territorios donde su destino resulta menos claro.

En paralelo, resulta imprescindible aprovechar las líneas de financiación disponibles, especialmente en los municipios con menor capacidad, para modernizar infraestructuras y adaptar los modelos de recogida. Y, sobre todo, priorizar la calidad en origen: sin una fracción orgánica limpia, el residuo no puede convertirse en un recurso valorizable —biogás o compost—, lo que bloquea cualquier avance real hacia la economía circular.

A estos desafíos se suman, además, riesgos emergentes, como el aumento de incendios en plantas de tratamiento asociados a la presencia de baterías mal separadas, que refuerzan la necesidad de mejorar la captación y clasificación desde el origen.

Pero, en última instancia, todas estas cuestiones remiten a una idea de fondo. Tost lo resume de forma directa: la principal razón por la que el contenedor marrón no está funcionando es la falta de voluntad política, tanto a nivel autonómico como municipal.

El análisis técnico refuerza esta conclusión. Durante años, el sistema ha permitido mantener la “comodidad de la mezcla”: un modelo en el que el ciudadano puede seguir depositando residuos de forma anónima en el contenedor de resto, sin restricciones ni señales económicas claras. En ese contexto, el contenedor marrón no ha transformado el sistema, sino que se ha incorporado como un elemento adicional dentro de una estructura que sigue funcionando prácticamente igual.

El reto, por tanto, no es solo técnico ni normativo. Es estructural. Supone asumir que los residuos no desaparecen al cerrar la tapa, sino que tienen un coste económico y un impacto ambiental directo. Y que, sin decisiones políticas que rompan con el modelo actual, ese coste —ambiental, económico y operativo— seguirá creciendo.

El tiempo, además, juega en contra. Porque lo que está en juego ya no es solo el cumplimiento de los objetivos europeos, sino la viabilidad futura del propio sistema de gestión de residuos en España.