La evidencia científica confirma que el acceso a espacios verdes reduce la mortalidad, mejora la salud mental y mitiga el calor urbano, pero su distribución sigue siendo muy desigual
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara en este tema: la exposición a espacios verdes se asocia con una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas, así como con mejoras en la salud mental y en enfermedades cardiovasculares. Si atendemos a otros análisis como el publicado en The Lancet Planetary Health, observamos que el aumento de la vegetación urbana podría prevenir hasta un 4% de las muertes prematuras en ciudades europeas, al reducir la exposición a contaminantes atmosféricos y al estrés térmico.
Sin embargo, el acceso a estos beneficios dista mucho de ser universal. Otro estudio reciente, en este caso impulsado por la Comisión Europea y la Universidad de Copenhague, publicado en Nature Communications, revela que solo el 13,5% de la población urbana europea cumple íntegramente la regla 3-30-300, uno de los principales estándares internacionales para evaluar el acceso al verde urbano. Más aún, el 21% de la población no cumple ninguno de sus criterios básicos, lo que evidencia importantes déficits en la planificación de la infraestructura verde en las ciudades.
Estos datos son solo algunos ejemplos de los muchos que señalan la planificación urbana como un factor determinante para la salud de la población. Ahora más que nunca, bajo un contexto de cambio climático -con un notable aumento de las olas de calor- así como en medio de una creciente desigualdad económica, la evidencia científica sitúa a la infraestructura verde como una de las herramientas más eficaces -y a la vez más desigualmente distribuidas- para proteger la salud urbana.
Este último factor resulta especialmente crítico. De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), el calor extremo es ya la principal causa de mortalidad climática en Europa, con más de 60.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas solamente en el año 2022. Este fenómeno se ve amplificado además por el llamado efecto isla de calor urbana, que puede elevar las temperaturas en varios grados en zonas densamente urbanizadas respecto a su entorno periurbano.
Estos impactos no afectan a toda la población por igual. En este sentido, datos publicados por la propia EEA sobre el acceso a espacios verdes y azules en Europa señalan que los barrios con menor renta, mayor densidad y población más envejecida presentan, de forma sistemática, menor disponibilidad de zonas verdes de calidad. Esta desigualdad territorial se traduce en una mayor exposición al calor, peor calidad del aire y, en consecuencia, peores indicadores de salud.
El reconocimiento de la infraestructura verde como un elemento clave en la salud pública urbana no es solo una cuestión teórica, sino una realidad cada vez más presente en la planificación de las ciudades. Más allá de su función ambiental, los espacios verdes actúan como sistemas de regulación térmica, mejora de la calidad del aire y soporte para el bienestar físico y mental, especialmente en entornos urbanos densos.
Al igual que las redes de transporte o abastecimiento, el verde urbano comienza a entenderse como un activo estratégico, capaz de reducir riesgos antes de que estos se traduzcan en impactos sanitarios. La evidencia científica ha demostrado que la proximidad a espacios verdes influye directamente en variables como la actividad física, el estrés o la exposición a contaminantes, configurando un entorno más resiliente frente a crisis climáticas y sanitarias.
En esta línea, Mariana Mauriño, investigadora de ISGlobal, subraya que la planificación urbana, a través de una mayor presencia de espacios verdes, no solo mejora la vida cotidiana, sino que contribuye también a reducir la presión sobre los sistemas sanitarios. De esta forma lo resume: “La planificación urbana no puede concebirse de forma aislada respecto a la salud de quienes habitan la ciudad”.
Esta visión es compartida también desde el ámbito del diseño urbano y del paisaje, que insisten en la necesidad de incorporar estos criterios desde la fase de planificación. “Está más que demostrado que la infraestructura verde es fundamental para la salud de las personas, pero no solo la física sino también la mental. Tener una zona verde de calidad cerca de las viviendas u oficinas mejora la calidad del aire, reduce el ruido y mejora el confort térmico tanto en verano como en invierno”, afirma Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas (AEP).
Más allá de los beneficios ambientales directos, esta aproximación introduce una cuestión clave en el debate urbano: la importancia de la proximidad y el acceso cotidiano al verde. No se trata únicamente de disponer de grandes superficies verdes en el conjunto de la ciudad, sino de garantizar que estos espacios formen parte de la vida diaria de la población, especialmente en aquellos entornos donde los riesgos asociados al calor, la contaminación o el aislamiento social son más elevados.
Desde ISGlobal inciden en este cambio de enfoque trasladando el debate desde los beneficios hacia su integración efectiva en la planificación urbana. En palabras de Mauriño, “es momento de entender los espacios urbanos como espacios de salud, como cualquier otra infraestructura pública que habitamos”.
“Es momento de entender los espacios urbanos como espacios de salud, como cualquier otra infraestructura pública que habitamos”. Mariana Mauriño, investigadora de ISGlobal.
El acceso a la infraestructura verde no es uniforme dentro de las ciudades. Lejos de responder únicamente a criterios urbanísticos o ambientales, su distribución refleja en muchos casos patrones históricos de desigualdad socioeconómica, que hoy se traducen en diferencias tangibles en términos de salud y exposición al riesgo climático.
En este sentido, la infraestructura verde actúa como un factor modulador de la vulnerabilidad urbana. La falta de arbolado, sombra o espacios de estancia en determinados barrios intensifica el efecto isla de calor, elevando las temperaturas locales y reduciendo la capacidad de adaptación de la población. Diversos estudios han demostrado que la diferencia térmica entre zonas con alta y baja cobertura vegetal puede superar los 2-4 ºC en episodios de calor extremo, con implicaciones directas en la mortalidad y en el aumento de ingresos hospitalarios.
Esta desigualdad no es casual. Como apunta Viñuela, la distribución del verde urbano responde en gran medida a decisiones políticas acumuladas a lo largo del tiempo: “Es evidente que la distribución de las zonas verdes es un tema político dentro de las ciudades. Históricamente, las zonas con rentas más altas cuentan con mayor número y mejores zonas verdes, así como con aceras más amplias, servicios e infraestructuras”.
“La distribución de las zonas verdes es un tema político dentro de las ciudades. Históricamente, las zonas con rentas más altas cuentan con más y mejores espacios verdes”. Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
A esta lectura desde el urbanismo se suma la evidencia científica. Desde ISGlobal advierten que esta desigualdad en el acceso al verde urbano no solo refleja diferencias territoriales, sino que se traduce en una mayor exposición a otros estresores ambientales, como la contaminación del aire, el ruido o, especialmente, el calor, afectando de forma más intensa a los barrios con menor renta.
Más allá de la disponibilidad física de espacios, la calidad y el mantenimiento también juegan un papel determinante. La evidencia muestra que los barrios más vulnerables no solo cuentan con menos zonas verdes, sino que estas tienden a presentar peores condiciones de conservación, menor biodiversidad y menor capacidad de generar confort térmico, lo que limita su uso efectivo por parte de la población.
A ello se suma una cuestión clave: la accesibilidad real. En muchos entornos urbanos, la necesidad de desplazarse mayores distancias para acceder a un parque o zona verde reduce su uso cotidiano, especialmente entre población mayor o con menor movilidad. En contextos de calor extremo, esta limitación se traduce en una menor capacidad de refugio climático, agravando los efectos del cambio climático sobre los colectivos más vulnerables.
Mauriño introduce aquí un matiz clave que va más allá de la distribución espacial: el efecto acumulativo de esta desigualdad. Mientras que los residentes con mayores ingresos cuentan con alternativas -espacios privados, capacidad de desplazamiento o segundas residencias-, los grupos más vulnerables dependen casi exclusivamente de lo que la ciudad les ofrece. “Los residentes de menores ingresos dependen casi por completo de lo que la ciudad les ofrece”, señala, lo que amplifica el impacto de esta falta de acceso en su salud.
“Los residentes de menores ingresos dependen casi por completo de lo que la ciudad les ofrece”. Mariana Mauriño, investigadora de ISGlobal.
Esta relación entre proximidad y uso efectivo del espacio verde se hizo especialmente evidente durante la pandemia, cuando las restricciones de movilidad pusieron en valor el acceso cotidiano al entorno inmediato. Como señala Viñuela, la posibilidad de disponer de estos espacios cercanos permite a la ciudadanía “estar en un ambiente varios grados por debajo” durante episodios de calor, con beneficios directos para el bienestar. Sin embargo, esta ventaja no está igualmente distribuida. En los barrios más vulnerables, apunta, el acceso a estas zonas se complica por “la necesidad de realizar desplazamientos más largos y por la mayor saturación de los espacios disponibles”, lo que limita su uso en momentos críticos.
Las actuaciones con mayor retorno en salud urbana no responden a una única solución, sino a la combinación de distintas intervenciones adaptadas al entorno:
Durante décadas, la planificación urbana ha tendido a medir la infraestructura verde en términos de superficie total disponible. Sin embargo, la evidencia reciente apunta a que este enfoque resulta insuficiente para evaluar su impacto real en la salud de la población. La clave no reside únicamente en cuántos metros cuadrados de zonas verdes tiene una ciudad, sino en cómo se distribuyen, cómo se conectan y, sobre todo, con qué frecuencia pueden ser utilizados por la ciudadanía.
En este sentido, diversos estudios impulsados por la OMS y la Comisión Europea subrayan la importancia del acceso cotidiano al verde, estableciendo referencias como la conocida regla del 3-30-300: poder ver al menos tres árboles desde la vivienda, contar con un 30% de cobertura vegetal en el entorno y disponer de un espacio verde a menos de 300 metros.
La diferencia entre grandes parques urbanos y una red distribuida de pequeños espacios verdes resulta aquí fundamental. Mientras que los primeros cumplen una función relevante a escala metropolitana, su uso suele ser más puntual. Por el contrario, el arbolado viario, los microespacios verdes o los corredores peatonales sombreados configuran una infraestructura de proximidad, integrada en la vida diaria y con un impacto más directo sobre la salud.
En este punto, Mauriño refuerza esta idea al señalar que los beneficios en salud dependen de la exposición diaria y no de visitas ocasionales, lo que explica por qué la distribución de pequeños espacios verdes cercanos resulta más eficaz que la concentración en grandes parques alejados.
Desde el sector del paisajismo, esta idea se traduce en una visión más sistémica del verde urbano. Como subraya Viñuela, ambas estrategias -grandes parques y red distribuida- deben entenderse como complementarias, ya que “cuanta más superficie tenga un parque, más servicios ecosistémicos aportará a la ciudadanía”, pero al mismo tiempo reconoce que en muchas ciudades no siempre es viable desarrollar grandes espacios de estas características.
En cualquier caso, la clave pasa por reforzar la presencia de verde en el entorno inmediato. Disponer de una zona verde cercana, independientemente de su tamaño, ya genera beneficios directos sobre la salud, lo que obliga a priorizar su implantación en el tejido urbano consolidado. “Tener una zona verde cercana, independientemente de su tamaño, ya proporciona beneficios para la salud, por eso es importante priorizar su implantación por delante de su tamaño”, contextualiza al respecto Viñuela.
“Tener una zona verde cercana, independientemente de su tamaño, ya proporciona beneficios para la salud, por eso es importante priorizar su implantación por delante de su tamaño”. Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
En esta línea, Mauriño insiste en que la lógica del acceso al verde debe centrarse en la experiencia cotidiana de la población, ya que no todos los ciudadanos cuentan con las mismas comodidades para desplazarse o acceder a espacios más alejados, lo que refuerza la necesidad de una red distribuida y accesible. Por tanto, esta aproximación -basada en la exposición cotidiana- desplaza el foco desde la escala del proyecto hacia su capacidad de integrarse en la vida cotidiana de la población, especialmente en los barrios más densos.
Este enfoque introduce, además, una dimensión estructural en la planificación urbana: la necesidad de concebir la infraestructura verde como un sistema interconectado. Viñuela insiste en que el verdadero valor del verde urbano no reside únicamente en elementos aislados, sino en su capacidad de funcionar como un conjunto, donde “la acción combinada de las dos debería ser la estrategia elegida, así como corredores verdes que favorezcan el acceso de la biodiversidad hasta el centro de nuestras ciudades”.
De este modo, los corredores verdes dejan de ser únicamente elementos de conexión ecológica para convertirse en infraestructuras funcionales de salud urbana, capaces de articular recorridos peatonales más frescos, mejorar el confort térmico y garantizar un acceso más equitativo al verde. En ciudades cada vez más densas, esta red capilar se configura como una de las herramientas más eficaces para trasladar los beneficios de la naturaleza urbana allí donde más se necesitan.
Si la evidencia científica ha demostrado el papel de la infraestructura verde en la mejora de la salud, el siguiente reto para los municipios pasa por identificar qué tipo de intervenciones generan un mayor retorno sanitario, especialmente en contextos urbanos densos y socialmente vulnerables.
En los últimos años, organismos como la OMS han insistido en que no todas las soluciones verdes tienen el mismo impacto. Elementos como el arbolado viario, los espacios de sombra o la renaturalización de entornos cotidianos presentan una elevada capacidad para reducir la exposición al calor, mejorar la calidad del aire y favorecer el uso del espacio público. Precisamente, entre estas actuaciones, el arbolado urbano ocupa un lugar central. No en vano las calles arboladas pueden reducir la temperatura superficial entre 2 y 5 ºC durante episodios de calor extremo, generando corredores térmicamente más confortables y accesibles para la ciudadanía. A ello se suma su capacidad para filtrar contaminantes y reducir el ruido, lo que refuerza su papel como infraestructura multifuncional.
Mauriño subraya el potencial del arbolado como herramienta de salud pública frente al efecto isla de calor urbana. Según explica, alcanzar un 30% de cobertura arbórea permitiría prevenir hasta un tercio de las muertes atribuibles al calor en verano en ciudades europeas. Además, destaca que esta medida no requiere necesariamente grandes transformaciones urbanas, ya que “el simple incremento del arbolado urbano ya mitiga una cantidad significativa de calor”, lo que la convierte en una solución más fácil de extender y, sobre todo, más equitativa, al poder llegar a prácticamente todos los barrios.
“Alcanzar un 30% de cobertura arbórea podría prevenir hasta un tercio de las muertes asociadas al calor en las ciudades europeas”. Mariana Mauriño, investigadora de ISGlobal.
Desde la perspectiva de la salud, desde ISGlobal destacan que intervenciones como el arbolado viario o los corredores sombreados permiten mitigar de forma directa los principales estresores urbanos en los recorridos cotidianos, lo que amplifica su impacto en salud frente a soluciones más puntuales o alejadas.
Junto al arbolado, los microespacios verdes -plazas de pequeño formato, jardines de bolsillo o zonas estanciales renaturalizadas- están ganando protagonismo como soluciones eficaces en barrios consolidados, donde la disponibilidad de suelo es limitada. Su valor reside en su proximidad y en su capacidad para integrarse en el día a día de la población, actuando como puntos de alivio térmico y social. Por ello, Viñuela habla de no elegir una única solución, sino de entender que todos los componentes del verde urbano “aportan beneficios en la salud”, lo que obliga a evitar planteamientos reduccionistas centrados únicamente en elementos aislados.
Como explica Mauriño en línea con este enfoque, cada una de estas intervenciones responde a una necesidad específica -sombra, movilidad, contacto con la naturaleza o calidad del aire-, pero es su combinación la que genera un mayor retorno en salud: “El mayor retorno no proviene de elegir la intervención óptima, sino de diseñarlas como un sistema interconectado”.
Desde la perspectiva del paisajismo, sin embargo, estas intervenciones no deben entenderse de forma aislada. Como recuerda el presidente de AEP, “no son solo árboles o arbustos, son un ecosistema dentro de la ciudad donde el suelo, el agua y los seres vivos forman un complejo equilibrio”. El valor de la infraestructura verde radica en su carácter sistémico: no se trata únicamente de incorporar elementos puntuales, sino de construir espacios equilibrados donde todos los componentes interactúan. De hecho, subraya que “cuantos más elementos compongan una zona verde, más estable será y más beneficios podrá aportar a sus habitantes”, lo que refuerza la necesidad de diseñar intervenciones completas y no meramente decorativas.
A partir de esta visión, cobra especial relevancia la conexión entre espacios. La planificación ya no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que debe apostar por redes interconectadas que amplifiquen su impacto. En este sentido, el papel de los corredores verdes resulta clave, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también como infraestructura funcional que facilita el acceso al verde y mejora las condiciones de confort en la ciudad.
Así, más que identificar una intervención única con mayor retorno, el reto para los municipios pasa por construir una red verde coherente y continua, capaz de integrar escala, proximidad y complejidad ecológica en beneficio de la salud urbana.
El avance en la integración de la infraestructura verde en las políticas urbanas plantea una cuestión clave para las administraciones locales: cómo priorizar las intervenciones en un contexto de recursos limitados y necesidades crecientes.
Durante años, la planificación se ha centrado en el incremento de superficie verde por habitante. Sin embargo, este enfoque resulta hoy insuficiente si no se acompaña de otros criterios como la accesibilidad, la generación de sombra o la atención a los barrios con mayor vulnerabilidad climática y social.
Viñuela insiste en que la clave no está en elegir entre unos u otros criterios, sino en abordarlos de manera conjunta. A su juicio, una buena planificación debe integrar todos estos factores desde el diseño, algo que solo es posible si las administraciones cuentan con perfiles especializados. En este sentido, señala que “los ayuntamientos deberían contar con profesionales del paisajismo cualificados para el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos”, lo que permite dar respuesta simultánea a cuestiones como la superficie verde, la sombra o la accesibilidad.
Esta visión pone el foco en uno de los principales déficits actuales. Tal y como advierte, muchas de las zonas verdes no incorporan criterios de salud o equidad no por falta de conocimiento, sino porque no están siendo diseñadas desde disciplinas específicas como el paisajismo o la ecología urbana. En consecuencia, se pierden oportunidades para maximizar su impacto y adaptarlas a las condiciones reales de cada entorno.
Mauriño añade un punto complementario desde la toma de decisiones públicas: no se trata únicamente de aumentar la cantidad de verde, sino de integrarlo de forma estratégica en la ciudad, adaptándolo a las necesidades específicas de cada barrio. Como explica, las intervenciones deben responder a contextos urbanos, sociales y climáticos distintos, evitando aplicar soluciones homogéneas en todo el territorio.
Además del diseño, Viñuela subraya la importancia de la planificación estratégica y la gestión a largo plazo. En su opinión, no basta con ejecutar proyectos puntuales, sino que es necesario apoyarse en planes sólidos y bien definidos, acompañados de programas de participación y comunicación que refuercen la implicación ciudadana y la continuidad de las actuaciones.
A ello se suma un aspecto frecuentemente relegado: el mantenimiento. Como ha señalado, garantizar una distribución más equitativa de la infraestructura verde implica también equilibrar las inversiones entre barrios, de modo que la calidad y conservación de los espacios no dependa de su localización o del nivel socioeconómico de la zona.
En este contexto, el experto descarta la existencia de barreras estructurales insalvables, pero sí apunta a un problema de enfoque. Cuando los espacios verdes no están bien diseñados, tienden a convertirse en entornos poco funcionales, con escaso uso y menor capacidad para generar beneficios sociales y ambientales. Por el contrario, explica que “cuando un parque está bien diseñado, atrae a la población que además se conciencia y se involucra en su cuidado”, poniendo de relieve el papel del diseño como elemento clave para activar estos espacios.
“Cuando un parque está bien diseñado, atrae a la población, que además se conciencia y se involucra en su cuidado”. Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
A este respecto, la investigadora de ISGlobal advierte de que las dificultades no son únicamente técnicas, sino también estructurales, ya que la coordinación entre áreas como urbanismo, salud, medio ambiente o movilidad sigue siendo limitada en muchas ciudades, lo que dificulta la implementación de estrategias integrales.
Mauriño añade, además, que “los ciclos políticos y la falta de continuidad en las políticas urbanas representan un obstáculo importante, ya que pueden interrumpir o revertir estrategias a largo plazo incluso cuando la evidencia científica es clara”.
“Los ciclos políticos y la falta de continuidad en las políticas urbanas pueden interrumpir o revertir estrategias a largo plazo, incluso cuando la evidencia científica es clara”. Mariana Mauriño, investigadora de ISGlobal.
Esta reflexión conecta con una idea de fondo que atraviesa toda la planificación urbana actual: la necesidad de adaptar las soluciones a las condiciones locales. Tal y como advierte Viñuela, no todas las estrategias son replicables, ya que deben responder a factores como el clima, el contexto urbano o las características sociales de cada ciudad, evitando trasladar modelos diseñados para realidades muy distintas.
En este escenario, la infraestructura verde se consolida como mucho más que una herramienta de mejora ambiental: es un instrumento de política pública con capacidad directa para reducir riesgos sanitarios y desigualdades urbanas. La forma en que las ciudades planifiquen, diseñen y gestionen estos espacios en los próximos años será determinante para afrontar los efectos del cambio climático y garantizar entornos urbanos más habitables. No se trata solo de incorporar más verde, sino de hacerlo donde más se necesita, con criterios técnicos sólidos y una visión integradora que sitúe la salud y la equidad en el centro del urbanismo.
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