El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el expediente de contratación de 'Conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes de la Ciudad de Zaragoza (Sector I)'.
El trámite se considera de urgencia y se dispondrá la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato mixto relativo al servicio y obras, con un presupuesto total de 56.391.089,92 euros.
Dicho contrato tiene por objeto la conservación y limpieza de las zonas verdes de margen derecha del río Ebro, barrios rurales y parte de la margen izquierda (excluyendo ACTUR, Parque Goya I y II, y Parque Tío Jorge).
Las zonas gestionadas en el sector I suponen 5,5 millones de m2 además de la gestión de algo más de 100.000 posiciones arboladas en viario y otras 35.000 en zonas verdes.
El contrato incluye la conservación de:
Dentro del programa de gestión de la limpieza de las zonas verdes se incluye el vaciado de papeleras, la limpieza y recogida selectiva de residuos, la limpieza y recogida de restos vegetales derivados de labores de mantenimiento, limpieza de zonas infantiles, limpieza de grafitis y limpieza de fines de semana, festivos y actos socioculturales.
El plazo del contrato es de 4 años más 2 de prórroga. El presupuesto anual del primer año es de 14.402.692,48 euros IVA incluido y el presupuesto anual de los siguientes años es de 13.996.132,48 euros IVA incluido.
Algunos parques significativos que entran dentro de este contrato de conservación son el Parque Grande José Antonio Labordeta, Parque Pignatelli, Parque Bruil, Parque Torre Ramona, Ciudad Universitaria y Parque La Paz.
Cabe recordar que este pliego incluye unas cláusulas sociales novedosas para la plantilla. Pese al recurso de la patronal de Parques y Jardines ante el TACPA, el tribunal finalmente consideró como válidas la totalidad de dichas mejoras.
Los principales aspectos de las cláusulas de tipo social que el TACPA ha respaldó con su resolución son:
Por otro lado, la resolución del TACPA también validó la posición municipal respecto a otras cláusulas de los pliegos, encaminadas a primar en las valoraciones del proceso de adjudicación la calidad del servicio a prestar frente a la oferta económica pura y dura, así como al incremento de la cuantía de las sanciones por los incumplimientos más graves que se puedan producir por parte de la empresa, que se multiplican por 10 para posibilitar sanciones que podrían alcanzar hasta los 300.000 euros.
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