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Infraestructura verde


¿Y si pagara menos impuestos por instalar un jardín en su edificio?

Un reciente estudio propone un incentivo fiscal para que las comunidades de propietarios instalen infraestructuras verdes, recompensando así a quienes contribuyen a un entorno urbano más saludable

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Las ciudades son los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo y concentran a gran parte de la población. En este escenario, las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) surgen como una estrategia clave para fortalecer la resiliencia urbana, mejorar la salud y el bienestar de las personas y proteger el medio ambiente.

Las SbN, como cubiertas y fachadas verdes, sirven para aislar térmicamente los edificios, gestionar el agua de lluvia, absorber el carbono de la atmósfera y mejorar la temperatura urbana, reduciendo el efecto isla de calor.

Tanto las Administraciones públicas, a nivel europeo y nacional, como las entidades financieras están impulsando proyectos concretos para financiar estas transformaciones. El mensaje principal no deja dudas: sin recursos suficientes, no es posible llevar a cabo la renaturalización de los barrios y ciudades

Por ello, resulta imprescindible diseñar mecanismos que incentiven la incorporación de infraestructura verde en los entornos urbanos.

 

Poner valor a lo verde: un nuevo desafío urbano

En este contexto, hemos desarrollado un nuevo modelo de incentivos fiscales medioambientales basado en reducciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellas comunidades de propietarios que instalen y mantengan infraestructuras verdes en edificios privados. 

Nuestra propuesta necesita de la participación de la ciudadanía y de las Administraciones locales con el objetivo de impulsar políticas públicas urbanas más sostenibles.

La idea es clara pero eficaz: incentivar y premiar a vecinos y empresas para que incorporen soluciones basadas en la naturaleza en sus barrios y edificios.

Con este modelo se reconoce un aprovechamiento urbanístico jurídico y económico a la comunidad de propietarios que instalen cubiertas verdes o jardines verticales. Esto supone un incentivo proporcional a la superficie verde y a la inversión realizada por cada uno de los vecinos. 

A modo de ejemplo, si se opta por incorporar infraestructura verde en el 50 % de las zonas comunes de los edificios, se podrá reducir en un 50 % el IBI correspondiente a cada vecino. 

El sistema de incentivos no busca aumentar el índice de edificabilidad; esto es, permitir construir cuartos para bicicletas o patinetes en las zonas comunes de los edificios para compensar positivamente la instalación de SbN, como contempla el Ayuntamiento de Madrid. Creemos que en entornos urbanos densamente consolidados esta opción es poco viable. 

Priorizamos la integración de infraestructura verde frente al modelo tradicional de infraestructura gris, común en muchas ciudades.

 

Una Administración local al servicio del verde urbano

Los Gobiernos locales tienen un papel clave para avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles. El ámbito municipal es el más cercano a la ciudadanía. Por tanto, es el más eficaz para impulsar iniciativas cuyos efectos se perciben de forma directa y rápida en la vida cotidiana.

La Administración local es la responsable de implantar el modelo propuesto y actuar como garante. Llevaría a cabo las revisiones periódicas para comprobar que las instalaciones se mantienen correctamente y retiraría los beneficios fiscales cuando no sea así.

La comunidad de propietarios soporta el coste de la instalación verde, el mantenimiento y la conservación. No debemos ver esta inversión como un gasto sino como una mejora patrimonial para las comunidades vecinales, ya que genera un bien común: aire más puro, menor temperatura urbana y mayor bienestar colectivo.

Los tejados y fachadas verdes aportan beneficios ambientales a todo el barrio. Por eso, la ciudad devuelve parte de ese valor mediante reducciones en los impuestos. De este modo, la ciudad reconoce y recompensa a quienes contribuyen a un entorno urbano más saludable y sostenible.


 

Un artículo de Carmen Esther Falcón-Pérez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.


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