Medio Ambiente

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, ha dado luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025.

Los objetivos principales del presente plan son promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora, y apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La contratación pública ecológica introduce criterios para la selección de empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoria, conocido como EMAS, y valorar la vida útil larga de la compra a realizar, en detrimento de aquellos productos con obsolescencia programada.

A través de la contratación verde, la Administración podrá reducir su huella de carbono, y al mismo tiempo adquirir bienes, servicios o productos con la menor huella de carbono a su vez.

Los departamentos ministeriales, los organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, establecerán en el plazo de un año desde la publicación en el BOE del presente plan, un marco de actuación en el que se establezcan objetivos mínimos de incorporación de criterios ecológicos en los contratos formalizados en el periodo de duración del plan.

Este plan tendrá una vigencia de siete años y, a partir de esta fecha, se procederá a su revisión. También se podrá proceder a la revisión y actualización del plan cuando así lo acuerde la Comisión Interministerial (regulada por el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero).

En línea con las estrategias ambientales de la Union Europea

La contratación pública ecológica es también un instrumento idóneo para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea.

En la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada Estrategia Europa 2020, dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Además, la toma en consideración de criterios de sostenibilidad en la contratación pública tiene un alto valor ejemplarizante, al tiempo que puede suponer un elemento relevante de influencia en el mercado, incentivando al sector privado hacia nuevas formas de producción y de consumo más respetuosas con el medio ambiente.

También hay que hacer referencia a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, entre las que se incluye a las administraciones públicas y a las empresas públicas, y que establece un compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo, a través de una cultura innovadora basada en criterios ambientales, para aprovechar todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública.