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Moneleg volverá a gestionar el alumbrado público de Chiclana


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La portavoz del Gobierno y delegada de Vías y Obras, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, han explicado la situación en la que se encuentran los procesos de adjudicación del Centro de Salud de Los Gallos y del alumbrado público. Así pues, Guerrero Bey ha destacado que será una empresa chiclanera, Moneleg, la que finalmente gestionará este servicio. En este sentido ha informado que “fueron tres las empresas que licitaron para hacerse con la concesión de la iluminación pública de nuestro municipio, es decir, de todos los puntos de luz de farolas y centros públicos municipales. La empresa que ganó la licitación inicialmente, incurrió en baja temeraria, según los técnicos municipales, por lo que finalmente se le ha otorgado la concesión a la segunda de las empresas con mejor oferta económica, que ha resultado ser la empresa chiclanera Moneleg, por 1.228.009,91 euros anuales. Además, el contrato es por cuatro años prorrogables por cuatro años más”. 

 

En este sentido, el delegado de Hacienda ha destacado que dos puntos importantes. El primer de ellos es que este servicio lo gestionará una empresa local, mientras que el segundo es el ahorro. “Actualmente venimos pagando alrededor de 1.700.000 euros anuales por el alumbrado público y a partir de los próximos cuatro años de concesión, ocho años si le unimos las prórrogas correspondientes, el ahorro puede ser de cuatro millones de euros con respecto a lo que abonamos en la actualidad”, ha explicado el edil, que también ha especificado que dicha adjudicación se llevará al Pleno ordinario de este mes de mayo para su aprobación. 

 

Por otra parte, Cándida Verdier ha explicado que el estado actual del pliego para la adjudicación de las obras a realizar en el Centro de Salud de Los Gallos se encuentra a falta de determinar finalmente la empresa que acometerá las obras. Así pues, ha incidido en que este pliego fue elaborado “por nuestros técnicos municipales en un tiempo récord, ya que tuvo su primera mesa de contratación el pasado 17 de marzo. En ese momento, comprobamos que se habían presentado 28 ofertas de distintas empresas interesadas en la realización de dichas obras”. 

 

Así pues, se da la circunstancia de que cuando se presenta un número elevado de licitadores, suele ser habitual que falte alguna documentación por aportar y por tanto, se suspenda la mesa a fin de que subsanen los posibles errores que pudieren existir. “Efectivamente, este caso no fue una excepción y tuvimos que volver a citar nueva mesa de contratación el 28 de marzo del presente año para tal fin. Entonces se admitió el total de las 28 ofertas planteadas y se abrieron los sobres donde se contenía la oferta económica de cada licitador”. 

 

“Fue entonces cuando observamos que las ofertas que económicamente estaban mejor situadas para ganar la licitación incurren en situación de baja temeraria. La primera de las empresas mejor situadas no justifica su oferta, sino que se ratifica en la documentación que presentó, lo que resulta, a criterio de nuestros técnicos como insuficiente, motivo por el cual tuvimos que acudir a la segunda mejor oferta económica, también en situación de baja temeraria. En este caso, la empresa no ha respondido a la solicitud de justificación, por lo que ha quedado excluida”, ha señalado la delegada de Vías y Obras. 

 

“En este momento, debemos pasar a atender a la tercera mejor oferta planteada y requerirle, como ha sucedido con las otras empresas señaladas, justificación de su oferta económica”, ha explicado Verdier, que también ha incidido en que “esto supone en la práctica que se produzcan continuos retrasos, puesto que la normativa administrativa exige que se vuelvan a convocar nuevas mesas de contratación para la comprobación de la documentación que se va requiriendo en cada momento”. 

 

La portavoz del Gobierno también ha especificado que “de estos detalles están al tanto los grupos políticos, ya que concurren a las mesas de contratación y observan cómo la pulcritud que nos exige la Ley viene a suponer en estos casos retrasos en la adjudicación de las concesiones y contratos administrativos”. Además, también ha explicado que “el proceso se está retrasando, por causa no imputable ni al Gobierno municipal ni a los técnicos municipales, ya que es el propio proceso que el demora la situación”.


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