Urbanismo

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un nuevo contrato para la conservación del mobiliario urbano municipal con una inversión de 39.070.604 euros (IVA incluido) hasta noviembre de 2030. La Junta de Gobierno autorizó el pasado jueves este acuerdo, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que sustituye el actual modelo de mantenimiento por otro centrado en la prevención, la digitalización y un mayor control sobre la ejecución del servicio.

El contrato, que entrará en vigor el 27 de noviembre de 2026, tendrá una duración inicial de cuatro años, hasta el 27 de noviembre de 2030, con posibilidad de prórroga por un año adicional. La inversión anual aumenta desde los 8,14 millones del contrato vigente hasta los 9,77 millones de euros, lo que supone un incremento del 20 %.

El nuevo contrato incrementa la inversión anual un 20 %, hasta los 9,77 millones de euros, y estará vigente, inicialmente, hasta noviembre de 2030.

Un modelo basado en la prevención y el control continuo

Según explicó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, el nuevo contrato pretende que el mantenimiento del mobiliario urbano sea “más operativo”, otorgando un mayor protagonismo al mantenimiento preventivo para mejorar la seguridad de los ciudadanos y reduciendo la dependencia de las actuaciones correctivas una vez producidas las incidencias.

El servicio abarca la conservación del mobiliario urbano de titularidad municipal ubicado tanto en la vía pública como en parques y zonas ajardinadas. Incluye elementos como bancos, mesas, bolardos, vallas de protección peatonal, barandillas, pasamanos, pérgolas y otros elementos urbanos.

Además, la organización territorial del servicio se simplifica al pasar de seis a tres lotes, correspondientes a las zonas centro, este y oeste de la ciudad, con el objetivo de optimizar recursos y aprovechar sinergias entre los distintos distritos.

El nuevo pliego introduce indicadores objetivos de mantenimiento preventivo. Ya no basta con atender incidencias cuando se producen, sino que se establecen objetivos mínimos anuales de actuación sobre cada tipología de mobiliario, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a penalizaciones contractuales.

Las empresas adjudicatarias deberán realizar inspecciones mensuales de todo el ámbito asignado, además de las revisiones extraordinarias que solicite el Ayuntamiento. Estas inspecciones incluirán la comprobación del estado de conservación, anclajes, pintura y fijaciones, junto con documentación fotográfica y propuestas de actuación.

La plantilla mínima exigida pasa de 78 a 100 trabajadores, un 28 % más, con nuevos perfiles especializados en gestión digital, inspección e inventario.

Digitalización e inventario georreferenciado

Otra de las principales novedades del contrato es el peso que adquiere la digitalización del servicio. Las empresas deberán mantener permanentemente actualizado un inventario georreferenciado de todos los elementos del mobiliario urbano, incorporando su ubicación exacta, características y estado de conservación.

El contrato obliga a implantar sistemas tecnológicos interoperables con las plataformas municipales que permitan gestionar digitalmente el inventario y garantizar la trazabilidad de todas las actuaciones. Cada intervención correctiva deberá registrarse en un plazo máximo de 48 horas.

Asimismo, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un estudio detallado sobre las zonas de actuación y las frecuencias de inspección.

El pliego también endurece las obligaciones cuando exista un riesgo para la seguridad de los usuarios. En esos casos, las empresas deberán señalizar, precintar y retirar preventivamente los elementos peligrosos sin necesidad de esperar instrucciones municipales, asumiendo la responsabilidad en caso de inacción.

El servicio seguirá contando con un teléfono operativo las 24 horas, todos los días del año, para atender incidencias urgentes mediante equipos de actuación inmediata.

Más personal, mayores exigencias ambientales y accesibilidad

El nuevo contrato amplía significativamente las obligaciones de las empresas adjudicatarias tanto desde el punto de vista organizativo como tecnológico y ambiental.

La plantilla mínima exigida aumenta de 78 a 100 profesionales, lo que representa un incremento del 28 %, incorporando perfiles especializados en gestión informática, inspección, seguimiento del contrato e inventario digital.

También se endurecen los requisitos relativos a las infraestructuras, obligando a disponer de una oficina central y de una nave-almacén exclusiva de al menos 1.000 metros cuadrados por lote, situada dentro del ámbito territorial correspondiente o en el radio máximo fijado.

En línea con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, el contrato incorpora nuevas exigencias para la flota de vehículos, priorizando modelos con distintivos CERO y ECO, además del uso de materiales certificados y criterios de sostenibilidad.

Por último, el pliego refuerza las obligaciones en materia de accesibilidad universal, incorporando expresamente la sustitución de aquellos elementos que no cumplan la normativa vigente por otros plenamente accesibles.