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El Consejo Ejecutivo ha aprobado el Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios y equipamientos de la Generalitat desde 2018 hasta 2022. La iniciativa, que pretende optimizar la gestión energética de la Generalitat, modernizar sus instalaciones, reforzar su compromiso con el medio ambiente y ejercer de tractor para el sector y para la sociedad, se propone alcanzar en 2022 una reducción anual del 7,7% en el consumo de energía y en las emisiones de gases de efecto invernadero, y una disminución del 5,5% de la factura energética de la administración catalana.

La principal línea de trabajo que establece el Plan es la renovación energética de los edificios y equipamientos públicos. El documento prevé rehabilitar con criterios de ahorro y eficiencia energética un 3% de la superficie del parque de inmuebles públicos cada año, preferentemente aquellos que tengan una calificación energética inferior a la letra C, sean mayores de 5.000 m2, sean anteriores a 2006 , su titularidad sea de la Generalitat a largo plazo y su empleo sea intensiva. Los proyectos de renovación, prioritariamente, se harán con la fórmula de los servicios energéticos, en la que una empresa privada asume la inversión y el mantenimiento del proyecto a largo plazo -garantizando unos determinados niveles de reducción en el consumo de energía- y la retribución corre a cargo de los ahorros generados por la rehabilitación.

Esta línea de trabajo también prevé la realización de auditorías energéticas en todos los edificios públicos, el cumplimiento de criterios de diseño para la obra nueva o grandes rehabilitaciones que sean de consumo casi nulo y la extensión de servicios de gestión energética a todos los edificios y equipamientos.

La introducción de energías renovables es otro de los ejes del Plan. Una primera medida prevista en este ámbito es la elaboración de un informe para analizar el aprovechamiento de energías renovables en el parque de edificios y equipamientos públicos y su potencial en este ámbito. El Plan también incluye la instalación de 20 MW de energía solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo en los edificios públicos. Esta medida, alineada con la estrategia Solarca aprobada el pasado 2017, tendrá las funciones tanto de reducir el consumo y el gasto energético como de demostrar la viabilidad de esta tecnología y ejercer de tractor del sector en Cataluña.

Otro eje de actuación serán las medidas relacionadas con la movilidad. El Plan propone alcanzar la instalación de 200 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de sus inmuebles, tanto para los trabajadores como para la flota de vehículos públicos. En este sentido, también se promoverá la compra agregada de vehículos, la adquisición, renting o alquiler de vehículos eléctricos, con el fin de contribuir a cumplir la Ley del cambio climático, que prevé que en el año 2025 un 30% de la renovación de la flota de vehículos de la Generalidad de Cataluña se realice con vehículos eléctricos.

Finalmente, el Plan contempla la adopción de programas y medidas de formación dirigidas tanto a los profesionales de la gestión energética de la Generalitat como al conjunto de los trabajadores, así como la consideración de las medidas necesarias tanto para enlazar con el resto de actuaciones del Gobierno en materia de medio ambiente como para involucrar a las administraciones locales.

En conjunto, la aplicación de todas estas medidas requerirá una inversión aproximada de 47,5 millones de euros, prioritariamente en el formato de servicios energéticos. Cada departamento de la Generalitat será responsable del cumplimiento del Plan en los edificios que le corresponden; en este sentido, el Gobierno también ha aprobado la creación de una Comisión Interdepartamental, que será coordinada por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) y la Dirección General de Patrimonio, para tutelar su ejecución.

El Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios y equipamientos de la Generalitat 2018-2022 inserta en el proceso de transición hacia un nuevo modelo energético más limpio, sostenible y democrático que está viviendo Cataluña, y se alinea con la política energética de la Unión Europea. Hasta el momento, el Gobierno ha elaborado la Ley de cambio climático y el documento del Pacto Nacional para la Transición Energética con el objetivo de sentar las bases de este nuevo modelo energético y facilitar el proceso de transición, y ha puesto en marcha medidas como el despliegue de la red pública de puntos de recarga rápida o las ayudas a la instalación de baterías asociadas a equipos de autoconsumo, entre otros.

Un ahorro de 13,9 millones de euros y de 18.600 toneladas de CO2 emitidas anualmente

Con esta iniciativa, el Gobierno da continuidad a los programas de ahorro y eficiencia energética en los edificios y equipamientos públicos que aplica desde el año 2007, con la voluntad de mejorar su gestión, de reducir sus emisiones y de servir tanto de ejemplo como de tractor para el conjunto de la sociedad. Desde entonces, se ha conseguido reducir anualmente en 13,9 millones de euros la factura energética de la Generalitat y se ha disminuido en 18.600 toneladas las emisiones de CO2.

La implementación de estos planes ha permitido avanzar en aspectos como la optimización de la gestión energética de la Generalitat (con medidas como el desarrollo del Sistema Integral de Monitoreo Energética para controlar los contratos y el gasto o la consolidación de la compra agregada de electricidad y de gas natural para buena parte de los puntos de consumo del departamentos de la Generalidad), el establecimiento de la obligatoriedad de incluir la gestión energética en la licitación de contratos de mantenimiento o la definición de un contrato modelo de servicios energéticos con ahorros garantizados, que facilita la colaboración entre sector público y empresas. También se han efectuado proyectos de implantación de energías renovables en edificios públicos.

Igualmente, ya se están ejecutando contratos de servicios energéticos en la modalidad de ahorros garantizados (como en el caso del CAR de Sant Cugat, el Instituto Catalán de Oncología, el Laboratorio Agroalimentario de Cabrils o el Museo Nacional de Arte de Cataluña), y se está trabajando en las licitaciones de los servicios energéticos de otros edificios. Sin embargo, la ejecución de proyectos de inversión se ha visto afectada por las limitaciones presupuestarias que ha sufrido la Generalidad de Cataluña desde el inicio de la crisis económica y financiera, así como por las dificultades jurídicas y normativas de desplegar la contratación de servicios energéticos.