Medio Ambiente

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, impulsado por la Fundació ENT, ha publicado el estudio “Las Tasas de Residuos en España 2025”, en el que se analizan las tasas domiciliarias y comerciales de 131 municipios, incluyendo todas las capitales de provincia. El informe ofrece una visión detallada sobre el grado de cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, relativa a Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

El marco legal y su cumplimiento

La citada ley establecía un plazo de tres años para que los municipios implantaran de manera obligatoria “una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria”, que reflejara el coste real de la recogida, gestión y tratamiento de residuos. Este periodo finalizó el 10 de abril de 2025, marcando un hito clave en la política ambiental española.

Aunque la mayoría de las entidades locales disponen ya de tasas o figuras similares, la cobertura media de costes se sitúa en 65,5 %, un incremento de casi doce puntos respecto al año anterior. Sin embargo, esta mejora sigue estando lejos de alcanzar la cobertura total exigida por la normativa.

Falta de criterios ambientales

Un 34,70 % de los municipios analizados aplican tasas domiciliarias con cuotas fijas, es decir, una tarifa única para todas las viviendas, sin tener en cuenta parámetros como la superficie, los valores catastrales o la generación real de residuos. En los municipios donde las tasas son variables, se observa una ausencia general de criterios ambientales, priorizándose los beneficios socioeconómicos frente a los ecológicos.
Los sistemas de pago por generación, que ajustan la cuota en función de la producción y la recogida selectiva de residuos, continúan siendo muy minoritarios en España.

Tasas comerciales

En el ámbito comercial, la mayoría de las tasas se determinan según el tipo de actividad, la superficie del local y su ubicación, sin que se considere la generación efectiva de residuos. Esta metodología evidencia la falta de instrumentos fiscales orientados a incentivar una gestión responsable por parte del sector empresarial.

Evolución de las tasas en 2025

El estudio establece que la tasa media doméstica en 2025 asciende a 116,32 € por vivienda, lo que representa un incremento del 16,2 % respecto a 2024 (100,12 €). Este aumento, claramente superior al Índice de Precios al Consumo (IPC), se interpreta como una respuesta lógica a la obligación legal de cubrir los costes del servicio.
Según Gerard Marina, autor del informe, “El aumento de las tasas se ve como respuesta lógica a la obligatoriedad por ley de cubrir los costes del servicio. Por segundo año consecutivo, se ve un aumento de la tasa por encima del IPC, más marcado que el año anterior. La consecuencia ha sido un incremento de la cobertura de 12 puntos este año 2025 en relación con el año pasado”.

Retos pendientes y llamamiento a la acción

Las exigencias del artículo 11 de la Ley 7/2022 han supuesto un reto considerable para los ayuntamientos. Como subraya Ignasi Puig, miembro de Fundació ENT y director del estudio: “la mayoría de entidades locales están siendo muy lentas en adoptar las medidas legalmente exigidas en materia de tasas de residuos (y de gestión de residuos en general)”.
Puig añade además que “No cumplir las normas debería traer consecuencias. Hasta el momento no ha sido así, y esto algún día tiene que cambiar, si España pretende alcanzar los objetivos en materia de residuos establecidos por la Unión Europea”.