Medio Ambiente

En un paso decisivo hacia la transformación del espacio público y la sostenibilidad urbana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado dos ambiciosas iniciativas: la primera Ordenanza sobre Higiene Urbana del municipio y el Plan para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (PGERS). Ambos documentos serán sometidos a consulta pública y participación ciudadana antes de su redacción final y aprobación formal.

Presentación institucional 

La alcaldesa Carolina Darias, junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, dio a conocer las líneas generales de estas normativas durante un acto celebrado el viernes 18 de julio. Los borradores se expondrán próximamente para que la ciudadanía pueda conocerlos y presentar alegaciones, consolidando así un proceso abierto y transparente.

Según la alcaldesa, estas medidas representan “un avance significativo para la mejora de la higiene urbana y de la calidad de vida en nuestra ciudad”,
y están alineadas con una visión compartida que sitúa la limpieza del entorno como pieza clave del bienestar colectivo y de la salud pública.

Marco sancionador reforzado

El nuevo texto legal se configura como una regulación clara y unificada, coherente con el resto de ordenanzas municipales. Establece un sistema sancionador adaptado a la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y se convierte en una herramienta clave para fomentar la gestión responsable de residuos y mejorar el estado de los espacios urbanos.

Entre las infracciones tipificadas, que se clasifican en leves, graves y muy graves, destacan las siguientes:

• Hasta 750 euros por arrojar chicles, colillas o papeles en la vía pública, o por no recoger los excrementos de mascotas.

• De 2.001 a 100.000 euros por vertidos incontrolados en espacios públicos.

• Hasta 3,5 millones de euros por conductas que comprometan gravemente la salud o el medio ambiente.

Normativa adaptada al ámbito local 

Según explicó el concejal Héctor Alemán, esta ordenanza constituye “un instrumento normativo que adapta la legislación europea y estatal al ámbito municipal, con el objetivo de garantizar una ciudad más limpia, cuidada y saludable”.

El texto se estructura en cuatro títulos que abordan:

• Las obligaciones de la ciudadanía y los agentes económicos.

• Las competencias de la administración local en limpieza y residuos.

• La regulación del uso común de espacios públicos y de quienes disponen de licencias de ocupación.

• Las condiciones de entrega y separación de residuos por fracciones en origen, en línea con criterios de economía circular.

Una hoja de ruta operativa

Complementando la ordenanza, el PGERS se presenta como el instrumento técnico para aplicar la normativa en el día a día de la ciudad. Este plan define principios, objetivos y líneas de acción para todos los agentes involucrados: administraciones, empresas, ciudadanía y colectivos sociales.

Entre sus ejes estratégicos destacan:

• Impulso a la colaboración público-privada en la gestión de residuos.

• Campañas de sensibilización y educación ambiental.

• Introducción de sistemas de incentivos para la ciudadanía.

• Evaluación continua y mejora de los modelos técnicos y organizativos del servicio.

Tecnología, modernización y responsabilidad

La alcaldesa concluyó su intervención con un mensaje claro sobre la corresponsabilidad ciudadana en esta transformación:

“La higiene urbana es una responsabilidad compartida”, y añadió que su éxito dependerá no solo de la nueva normativa, sino también de la ejecución de los nuevos contratos de limpieza y recogida de residuos, que incluirán tecnologías más eficientes y modernas.

Esta iniciativa coloca a Las Palmas de Gran Canaria como referente en la regulación y gestión integral del entorno urbano, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, el civismo y la participación ciudadana.