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La Xunta se muestra contraria a los plazos de implantación del contenedor marrón

Ante la decisión "unilateral" del Ejecutivo Estatal la Xunta de Galicia ha elaborado una ley de residuos autonómica "coherente y acorde" con la directiva marco de la UE

La Xunta se muestra contraria a los plazos de implantación del contenedor marrón
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La Xunta de Galicia ha advertido que el plazo fijado por ley por el Gobierno central para implantar el contenedor marrón para la recogida de biorresiduos, que finaliza el próximo 30 de junio, es "totalmente insoportable" para la mayoría de los municipios de más de 5.000 habitantes.

En una reunión con los municipios de Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Santa Comba y Arteixo, que ya tienen implantada la recogida de la fracción orgánica, la ministra de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha recordado que la Ley de residuos -en vigor desde el 10 de abril- introduce unos plazos "mucho más restrictivos" que los fijados por la UE para hacer esta transición.

Explicó que la directiva comunitaria sobre residuos fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2023 para que todas las autoridades locales europeas cumplan con esta obligación. No obstante, ha añadido que, "voluntaria e inexplicablemente", el Ejecutivo Central ha decidido acortar estos tiempos en un año y medio en el caso de los municipios de más de 5.000 habitantes, tal y como recoge la nueva ley estatal de residuos.

También ha destacado que los municipios que en poco más de un mes no acrediten que ya disponen de recogida selectiva de su fracción orgánica se enfrentarán a sanciones económicas de hasta 100.000 euros porque, según ha explicado, la propia norma tipifica como infracción grave la no cumplimiento de esta obligación.

Después de recordar que la Xunta había presentado en su día alegaciones al proyecto de ley para oponerse al adelanto del calendario de la UE, Ángeles Vázquez lamentó la actitud del Gobierno central, que siguió adelante pese a las reiteradas advertencias de la Xunta e incluso de la Fegamp sobre las dificultades que tendría el entidades locales para cumplir con los objetivos de biorresiduos en mucho menos tiempo de lo esperado.

Ante esta decisión "unilateral" del Ejecutivo Estatal, la consejera ha destacado que la Xunta de Galicia ha elaborado una ley de residuos autonómica "coherente y acorde" con la directiva marco de la UE y ha impulsado también la Estrategia Gallega de Biorresiduos y Residuos Urbanos, con un presupuesto de 60 millones de euros y destinado a que la gran mayoría de los 295 municipios adheridos a Sogama dispongan de una planta de compostaje o transferencia a menos de 50 km.

 

Una red con 17 instalaciones

Para ello, se ha diseñado una red de infraestructuras compuesta por 17 instalaciones, 4 destinadas al tratamiento de residuos orgánicos y 13 plantas de transferencia con tolva específica para la recogida de estos residuos.

Una de ellas es la planta de biorresiduos de Sogama en Cerceda, en funcionamiento desde 2020 y con la que actualmente tienen firmado un convenio los cinco ayuntamientos de A Coruña con los que se ha reunido esta mañana el concejal. El titular regional dijo que hasta el momento estas instalaciones ya han recibido un aporte de unas 1.000 toneladas de materia orgánica.

Tras señalar que los aportes aún son modestos en cantidad, dijo que la calidad del material recibido es "muy buena" porque según las caracterizaciones realizadas por Sogama, el porcentaje de elementos propios -es decir, materiales que deben ser depositados en el contenedor marrón, como restos de comida y jardinería, que van del 95% al ??98%.

Lograr estos resultados, en cualquier caso, no ha sido un proceso fácil. Después de poner a los ayuntamientos presentes "como un ejemplo" para el resto de Galicia y felicitarles por el esfuerzo realizado, Ángeles Vázquez ha explicado que para implantar el quinto contenedor estos municipios han tenido que reestructurar su servicio de recogida de basuras para incorporar la nueva fracción de una forma eficaz.

Un proceso de adaptación, dijo, que requiere modificar contratos o incluso sacar nuevas licitaciones, movilizar más recursos financieros y disponer del tiempo necesario para llevarlo a cabo, circunstancias que, según dijo, el Gobierno central "desconoció" cuando decidió imponer por ley requisitos de tiempo mucho más restrictivos que los de la propia UE.

Finalmente, tras recordar que la gestión de los residuos domésticos es competencia municipal, la consejera indicó que, en cualquier caso, la Xunta seguirá estando al lado de los municipios para ayudarles a cumplir con sus obligaciones y objetivos marcados a nivel comunitario a través de dicha estrategia.


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