Medio Ambiente

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, mantuvo una reunión con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, para hablar sobre el futuro de la gestión de los residuos domésticos en la Comunidad, un encuentro que aprovechó para trasladarle la inquietud de la Xunta ante algunas de las novedades que quiere introducir el Gobierno en la futura Ley de residuos tanto en relación con la gestión de la fracción orgánica, como con la posible creación de nuevos impuestos.

En concreto, se refirió a la intención del Ejecutivo central de adelantar en dos años respecto del calendario fijado por la UE —a 31 de diciembre de este año— a deber de recoger separadamente los biorresiduos en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Por este motivo, solicitó el apoyo de la Fegamp a la hora de exigir al Gobierno que rectifique y armonice el contenido de la ley estatal a los criterios comunitarios, que fijan como plazo límite para la implantación de esta medida el 31 de diciembre de 2023.

Tras recordar que la gestión de los residuos domésticos es una competencia municipal, Ángeles Vázquez lamentó que, una vez más, el Estado llegue tarde con una norma que ya debería estar en vigor y, además, actúe sin contar con la opinión ni coordinarse con las administraciones locales en un asunto tan sensible como la gestión de los residuos.

Así, consideró “totalmente imposible de cumplir” la propuesta del Gobierno central para implantar, en menos de seis meses, la recogida selectiva de los biorresiduos en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, que son 113 en Galicia.

“Primero, porque los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, tendrían que adaptar sus contratos la esa recogida separada y, en segundo lugar, porque no tendrían la donde llevar ese residuo”, indicó Ángeles Vázquez, que insistió en la necesidad de que los ayuntamientos reivindiquen “que es imposible hacer las cosas así” y trabajen unidos con la Xunta.

Asimismo, la conselleira también expuso que el anteproyecto de la Ley de residuos prevé incrementar la carga fiscal relacionada con los residuos. En este sentido, explicó que, por una parte, la propuesta estatal incluye la creación de un impuesto para grabar el depósito en escombrera (tanto el vertido directo como el derivado de los rechazos procedentes del pretratamiento de la basura) y por el otro, un impuesto que penalizaría a las instalaciones de valorización energética R1, que se caracterizan por su alta eficiencia.

“No estamos de acuerdo con la presión fiscal que quiere imponer el Gobierno central. Esa no es la vía. Quien lo hace bien, debe ser premiado, y así es como lo llevamos haciendo en Galicia durante los últimos años bonificando el 10% del canon de Sogama a los ayuntamientos que son capaces de frenar el incremento de los residuos”, declaró la conselleira, que cifró en 13 millones de euros a cuantía que tendrían que pagar los gallegos si prosperan estas medidas fiscales.

Ley gallega de residuos

Por eso y frente a la actitud del Estado, recordó que la Ley de residuos y suelos contaminados de Galicia, aprobada el pasado febrero, supone una herramienta moderna y en línea con las directrices de la UE, primando la prevención y la jerarquía en la gestión de los residuos y definiendo mecanismos efectivos para reducir el desperdicio alimentario y luchar contra los plásticos de un solo uso, dos de los grandes retos de la agenda europea.

En la misma línea, la conselleira explicó que toda vez que la finales de 2023, como marca Europa, todos los ayuntamientos deberán haber implantado el llamado quinto contenedor —de color marrón y destinado a la recogida de la materia orgánica—, la Xunta de Galicia tiene comprometidos ya más de 50 millones de euros para mejorar y garantizar, de la mano de los ayuntamientos, una gestión idónea de los biorresiduos en la Comunidad.

De este presupuesto, subrayó que 25 millones se destinarán a construir tres nuevas plantas de compostaje en Vilanova de Arousa, Cervo y Verín, que estarán operativas la finales del próximo año y se sumarán a la ya existente en Cerceda; y también se refirió a las actuaciones previstas para mejorar y adaptar el funcionamiento de las 13 plantas de transferencia de Sogama para que puedan tratar la fracción correspondiente al quinto contenedor.