Medio Ambiente

Cada año, las administraciones públicas de la Unión Europea destinan en torno a dos billones de euros a la compra de obras, bienes y servicios, una cifra equivalente al 15% del PIB comunitario. Este volumen sitúa a la contratación pública como una herramienta con enorme potencial para impulsar políticas sociales, ambientales, circulares y de innovación.

En el actual contexto geopolítico, la Comisión Europea considera además la compra pública como un instrumento clave para reforzar la resiliencia, la competitividad y la seguridad económica del bloque. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido una revisión ambiciosa de las directivas europeas para introducir criterios de “made in Europe” y fortalecer capacidades productivas estratégicas.

Del precio más bajo al valor estratégico

Las directivas aprobadas en 2014 buscaban simplificar procedimientos, facilitar el acceso a las pymes y permitir que las autoridades públicas utilizaran su poder de compra para obtener la mejor relación calidad-precio, promoviendo al mismo tiempo sostenibilidad e innovación.

Sin embargo, evaluaciones recientes muestran que entre 2011 y 2021 aumentó el peso de los contratos adjudicados exclusivamente por precio más bajo, hasta alcanzar el 55% de los procedimientos en la UE.

El 55% de las licitaciones europeas se adjudican únicamente por precio, limitando el potencial innovador y estratégico de la contratación pública.

Equiparar “valor por dinero” con menor precio es, según diversos expertos, una práctica que reduce la capacidad de inversión estratégica y frena la creación de valor a largo plazo.

Desde ICLEI Europe -red de gobiernos locales por la sostenibilidad- se subraya que, en un momento de presupuestos ajustados y competencia global creciente, la contratación pública no puede infrautilizarse como instrumento de política industrial, climática y de resiliencia.

Las ciudades, actores clave en el ecosistema europeo

Las ciudades concentran una parte significativa de la inversión pública en sectores como energía, transporte, edificios o economía circular, lo que las convierte en actores centrales para aplicar una contratación pública estratégica.

Para ello, el nuevo marco debería reforzar capacidades técnicas y analíticas a nivel municipal, incluyendo herramientas de análisis del gasto y prospectiva que permitan identificar oportunidades para soluciones más sostenibles e innovadoras.

La compra pública debe convertirse en pilar central de iniciativas como la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras o la Nueva Bauhaus Europea.

Proyectos como Big Buyers Working Together, coordinado por ICLEI Europe, promueven la colaboración entre grandes compradores públicos para integrar criterios de sostenibilidad e innovación en las licitaciones, facilitando el diálogo entre ciudades e industria.

Reformar el concepto de “valor por dinero”

De cara a la próxima revisión de las directivas (prevista para junio de 2026), ICLEI Europe plantea reforzar la contratación pública como mecanismo clave de ejecución de las prioridades europeas.

Entre las propuestas destacan la introducción de criterios ambientales obligatorios en categorías de alto impacto, el fortalecimiento de la contratación pública socialmente responsable mediante cláusulas sociales y contratos reservados, y la generalización de metodologías estandarizadas de cálculo del coste del ciclo de vida.

Reformular el concepto de valor para incluir rendimiento a lo largo del ciclo de vida, resiliencia, impacto social y ambiental permitiría traducir los fondos europeos en resultados medibles y alineados con los objetivos comunitarios.