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Medio Ambiente


España necesitará invertir 385.000 millones de euros para cumplir con los requisitos de reducción de emisiones de CO2


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Las medidas necesarias para que España cumpla con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para 2050 requieren llevar a cabo inversiones por valor de entre 330.000 y 385.000 millones de euros, es decir, una media de 10.000 millones de euros al año - esa es aproximadamente la cantidad media anual que ha invertido el sector eléctrico durante la última década -. Así se desprende del informe “Un modelo energético sostenible para España en 2050”, elaborado por Monitor Deloitte, en el que se destaca que es imprescindible la implicación de todas las administraciones públicas, de las empresas y de los ciudadanos.

 

Entre las medidas que deben llevarse a cabo para cumplir con el compromiso ineludible de reducir las emisiones de carbono entre el 80% y el 95%, la más importante y que más inversión requiere tiene que ver con las energías renovables. Se trata, según el informe, de que la producción de electricidad de origen renovable (eólica y fotovoltaica) represente en 2050 más del 90% del total - actualmente se encuentra en el 38% -.

 

Para alcanzar los objetivos medioambientales marcados por Europa es también necesario limitar los productos petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte aéreo, y sustituirlos en los demás usos por electricidad o por gas natural. Según el estudio, esto significa, en el caso de España, que en 2050 prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos – en 2015 se vendieron tan solo 2.300 unidades en nuestro país-, entre el 40% y el 60% del transporte pesado se tendría que realizar por ferrocarril eléctrico – actualmente el 95% se hace por carretera – y entre 84% y 91% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente en viviendas y empresas se debería generar con electricidad, frente al 52% actual.

 

Otro conjunto de medidas necesarias tiene que ver con la eficiencia energética a partir de la rehabilitación de edificios existentes, actuaciones en nueva edificación y nuevos procesos industriales.

 

El cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2 para 2050 supondría una serie de beneficios de calado para la sociedad española, aparte de los relativos a la mejora medioambiental. Uno de los más notables es que el precio medio de la electricidad para los hogares españoles se reduciría el 42%, al pasar de los actuales 120 €/MWh a 65-75 €/MWh. Este descenso se debe fundamentalmente al aumento de la demanda, que se duplicaría por su electrificación.

 

Además, se lograría una menor dependencia energética - en 2050 harían falta entre 7 y 15 millones de barriles de petróleo, frente a los 416 millones de 2013, con un coste que ascendió a 34.000 millones de euros – y una mayor eficiencia, ya que el avance de las energías renovables reduciría el consumo energético total del país.

 

 

Necesario período de transición

 

Para cumplir estos ambiciosos objetivos es importante prestar atención al periodo de transición. En este sentido, el informe marca una serie de objetivos para 2030 en cada una de las medidas planteadas. Así, los coches eléctricos deberían suponer para ese año entre el 7% y el 10% del total - con un nivel de ventas en 2030 de unos 750.000 vehículos eléctricos al año -, entre el 20% y el 25% del transporte de mercancías se tendría que hacer por ferrocarril eléctrico y entre el 34% y el 46% por camiones deberían usar gas natural; además, el consumo eléctrico de los hogares y empresas tendría que representar hasta el 65% del total.

 

Por otra parte, el ritmo de inversión en renovables para cumplir los objetivos de 2030 debería ser similar al alcanzado entre 2001 y 2012. En todo caso, este incremento de la necesidad de energía renovable necesitará contar con una capacidad de respaldo y flexibilidad que tienen que proporcionar las plantas térmicas, nucleares e hidráulicas actualmente en funcionamiento.  

 

 

En este sentido, el autor del informe, Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, señala que “es necesaria una transición inteligente y flexible, que garantice el cumplimiento de los objetivos a largo plazo, dado que las nuevas tecnologías que permitirán la descarbonización tienen aún un largo camino de maduración. Prescindir prematuramente de determinadas tecnologías o combustibles – nuclear, carbón, petróleo o gas – pondría en riesgo el cumplimiento de estos objetivos y en definitiva la seguridad de suministro del modelo energético”.

 

 

El estudio advierte de que el cierre prematuro de las centrales térmicas convencionales hoy instaladas –carbón y ciclos combinados - requeriría nuevas centrales de gas natural a partir de 2020, ya que en ese momento aún no estarán disponibles las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía necesarias para el respaldo del sistema. Esto significaría nuevas inversiones por valor de 3.500 millones de euros.

 

Asimismo, el cierre de las plantas nucleares cuando cumplan 40 años de vida o incluso antes supondría un incremento de las emisiones de CO2, ya que la energía suministrada por esas centrales se debería sustituir por energía térmica convencional a partir de gas natural, lo que supondría finalmente un incremento del precio del mercado diario de electricidad de hasta 8-10 €/MWh, que repercutiría en el precio final que pagan los consumidores.

 

El informe concluye con una serie de recomendaciones para lograr los objetivos de reducción de emisiones. Entre otras cosas, recomienda cambios en la fiscalidad de CO2; inversiones públicas en el transporte ferroviario; apoyo de las administraciones al uso del vehículo eléctrico; promover el aislamiento en hogares, fomentar en ellos el uso de electrodomésticos más eficientes y sistemas de uso racional de la iluminación, y en general la reducción de emisiones en viviendas, industria y empresas con distintos programas de financiación y ayudas; extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años en las condiciones de seguridad exigibles, y eliminar de la factura eléctrica los sobrecostes derivados de políticas energéticas que distorsionen el precio final.


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