Sanimobel cabecera
FCC web

Medio Ambiente


Diez casos españoles de buenas prácticas sobre contratación pública socialmente responsable

El informe 'Making socially responsible responsible public procurement work. 71 good practice cases' de la Comisión Europea recoge diez ejemplos de contratación pública socialmente responsable en España

Diez casos españoles de buenas prácticas sobre contratación pública socialmente responsable
2079

Acciona Web

ICLEI Europe


16/12/2020

ARCHIVADO EN:

Medio Ambiente

TEMAS

Sostenibilidad
ICLEI

Por Meritxell Díaz, ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad


 

La Comisión Europea ha publicado un informe que recoge 71 casos de buenas prácticas sobre cómo los compradores públicos han implementado la contratación pública socialmente responsable (SRPP por sus siglas en inglés, socially responsible public procurement), con el fin de promover oportunidades de empleo, trabajo decente, inclusión social, accesibilidad, comercio ético, diseño para todos, a la vez que se logra un mayor cumplimiento de los estándares sociales. Bajo el título Hacer que las compras públicas sean socialmente responsables: 71 casos de buenas prácticas (Making socially responsible responsible public procurement work. 71 good practice cases), esta compilación, que incluye diez casos españoles, tiene como objetivo inspirar a los compradores públicos de toda Europa.

Las autoridades públicas de la Unión Europea gastan, anualmente, alrededor de 2 billones de euros en la adquisición de bienes, obras y servicios. Los compradores públicos están cada vez más concienciados de la oportunidad que les brinda su “poder de compra” para promover la sostenibilidad, los criterios sociales, la innovación… Con el objetivo de incentivar la SRPP, la Comisión Europea ha publicado un informe con 71 ejemplos de cómo los compradores públicos, a través de sus contrataciones, han logrado beneficios sociales en la práctica.

La compra pública socialmente responsable pide a los compradores que miren más allá del precio y la calidad de los productos o servicios que desean adquirir, y que también consideren cómo se produce y obtiene un producto o servicio. Los 71 casos recogidos en el informe muestran que aquellos compradores públicos que desean utilizar sus compras estratégicamente para obtener resultados sociales positivos, tienen una amplia gama de aplicaciones, mecanismos y oportunidades entre los que elegir.

El informe, escrito por ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad y AEIDL con el apoyo del Public Procurement Analysis, Dialog Makarna y Social Economy Europe, compila casos de 27 países. Los casos abordan una selección diversa de productos y servicios, abarcan todas las fases del proceso de contratación pública e incluyen una amplia gama de compradores públicos, desde gobiernos locales y estatales, hasta hospitales públicos. El informe también muestra que la contratación pública sostenible es posible en una amplia gama de sectores, entro otros, la construcción, la alimentación o la restauración.

 

Philipp Tepper, coordinador sénior de Economía y Contrataciones Sostenibles en ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, afirma que le gustaría que “este informe sirviera para que las administraciones públicas no hagan el business-as-usual, y que inviertan algo de tiempo en introducir nuevos criterios en sus licitaciones, criterios que aporten un beneficio a la sociedad”.

 

 

Los casos de España

Castilla-La Mancha

El contrato de servicios de jardinería realizado en la Consejería de Economía, Empresa y Empleo de Toledo es un ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla - La Mancha para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en los puestos de trabajo, a la vez que se garantiza la máxima calidad de los servicios prestados.

Castilla y León

El informe europeo recoge el caso de un procedimiento específico del departamento de Salud del Gobierno de Castilla y León que tenía por objeto ofrecer oportunidades de empleo a las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social con escasas posibilidades de encontrar un empleo. El contrato exigía la contratación de personas de esos grupos como condición para la realización de las obras.

También se incluye el caso de Salamanca y su contrato de servicios de limpieza y mantenimiento reservado para Empresas Sociales de Inserción Laboral.

Otro ejemplo es de la estrategia del Ayuntamiento de Valladolid, cuya meta general es que los procedimientos de contratación pública sean más simples y estratégicos, para asegurar que las empresas de economía social y las PYMEs también tengan acceso, a la vez que se garantiza la introducción de criterios sociales y medioambientales.

Cataluña

La guía recoge el caso del acuerdo marco lanzado por la Generalitat de Catalunya en 2018 para tener servicios de limpieza socialmente responsables y respetuosos con el medio ambiente para sus edificios administrativos. De los nueve lotes, uno se reservó a  Centros Especiales de Empleo y empresas de reintegración. Asimismo, se incluyeron otras consideraciones sociales como criterios sociales de adjudicación o cláusulas relativas a la ejecución de contratos sociales.

Otro caso es el de la Associació Catalana de Municipis que, en su acuerdo marco para impresoras y otro tipo de dispositivos electrónicos, obliga a que todos los licitadores admitidos garanticen que cumplen con los derechos laborales y las regulaciones de seguridad en las cadenas de producción de las fábricas donde se producen los bienes objeto del contrato.

El Protocolo para la contratación pública socialmente responsable en el municipio de Girona aprobado el 13 de octubre de 2014 con el objetivo de promover los contratos reservados y las consideraciones sociales, en particular las cláusulas de empleo, en los procedimientos de contratación iniciados por la autoridad local, también aparece en esta guía.

Madrid

El 18 de julio de 2016 Madrid aprobó un reglamento sobre la inserción de cláusulas sociales obligatorias en los contratos públicos, concesiones y autorizaciones de la autoridad local. El reglamento exige a los organismos públicos que apliquen una cláusula de comercio justo en sus contratos, y hace obligatoria la inclusión en la licitación de al menos un producto de comercio justo o responsable de la categoría seleccionada. La cláusula abarca los productos seleccionados elegidos en la compra de alimentos para servicios de restauración y catering. La guía recoge este caso como una de las buenas prácticas.

También Madrid se ha fijado como objetivo promover un enfoque sostenible e integrado de la recogida y gestión de residuos. Esto incluye la promoción de mayores oportunidades de empleo para las personas que están lejos de los mercados laborales y en riesgo de exclusión social. Al reconocer el papel de las empresas sociales de inserción laboral como palancas para el empleo entre esos grupos de personas, el municipio puso en marcha un procedimiento para la adjudicación de un contrato de concesión dividido en lotes para la recogida de ropa de segunda mano y la gestión de los residuos textiles. Uno de los lotes estaba reservado para las Empresas Sociales de Inserción Laboral.

Navarra

En Pamplona, el Ayuntamiento aprobó la una ‘Instrucción sobre Compras Públicas Estratégicas y Socialmente Responsables’, cuyo objetivo es maximizar el retorno del dinero público a las personas y tener un claro impacto en términos de inclusión social, redistribución, igualdad y sostenibilidad.

Todos estos casos se pueden leer con detalle en la guía Hacer que las compras públicas sean socialmente responsables: 71 casos de buenas prácticas (Making socially responsible responsible public procurement work. 71 good practice cases) disponible aquí. También hay una campaña activa en redes sociales con el hashtag #WeBuySocialEU


Artículo publicado en el número 193 de Equipamiento y Servicios Municipales.


2079

Noticias relacionadas


EN PORTADA