Medio Ambiente

Con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, la Diputación de Málaga ha aprobado de forma inicial los nuevos estatutos que regulan el funcionamiento del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y del Consorcio Provincial del Agua.

En una sesión marcada por el acuerdo entre todos los representantes políticos, se ha dado el primer paso para la renovación de los estatutos que rigen estos organismos clave en la gestión de servicios públicos esenciales. La aprobación, de carácter inicial, requiere ahora la ratificación por parte de los plenos de los ayuntamientos consorciados, antes de su validación definitiva en la institución provincial.

Según el diputado provincial y presidente de ambos consorcios, Luis Rodríguez, “estamos muy satisfechos por haber logrado este consenso que da estabilidad y refuerza el papel fundamental que prestan los consorcios en beneficio de los ciudadanos de la provincia, especialmente en los municipios medianos y pequeños”.

Nuevas condiciones para el Consorcio 

El estatuto revisado del Consorcio del Agua de Málaga introduce dos importantes innovaciones. En primer lugar, se amplía el destino de los fondos, que ahora podrán emplearse no sólo en gestión y mantenimiento, sino también en inversiones. En segundo lugar, y gracias a la favorable situación económica de la entidad, se establece una exención de pagos durante doce meses para todos los municipios consorciados. Este periodo comenzará a contar desde la aprobación definitiva de los estatutos.

Incremento progresivo de la aportación 

Respecto al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), la Diputación ha confirmado un aumento progresivo de su aportación a los municipios menores de 20.000 habitantes, con el objetivo de facilitar su capacidad inversora. El calendario previsto es el siguiente:

• 2026: 40% de la aportación municipal total.

• 2027: 60%.

• 2028: 80%.

• A partir de 2029: 100%.

Estas aportaciones podrán destinarse a proyectos de inversión, con base en un catálogo de servicios que abarca desde sistemas de recogida (puerta a puerta, residuos eléctricos, aceites, etc.) hasta infraestructuras, equipos tecnológicos, contenedores, autocompactadores, software, y sistemas para la gestión de la tasa de basura conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados.

Herramientas de planificación y gobernanza compartida

Con el objetivo de garantizar una gestión eficaz y participativa, se creará una mesa provincial de residuos, integrada por todos los grupos políticos. Este órgano mantendrá reuniones comarcales periódicas para identificar y atender las necesidades específicas de cada zona del territorio.

Paralelamente, se elaborará un plan estratégico provincial de residuos, que, aunque sin carácter vinculante, funcionará como una hoja de ruta orientativa tanto para el consorcio como para los municipios a la hora de planificar sus inversiones.

Estructura y alcance de los consorcios

Actualmente, el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos atiende a 91 municipios, ofreciendo servicios de recogida, transferencia y tratamiento de residuos.

Por su parte, el Consorcio Provincial del Agua de Málaga presta servicio en 47 municipios del interior, abarcando una población cercana a los 155.000 habitantes, con competencias en mantenimiento y conservación de instalaciones de depuración, en el marco de una gestión integral del ciclo del agua.